El Derecho al Olvido: un insulto a la historia latinoamericana

(este artículo fue originalmente publicado en Inglés* en The Huffington Post. Ver original en http://www.huffingtonpost.com/eduardo-bertoni/the-right-to-be-forgotten_b_5870664.html )

Recientemente discutíamos con colegas de América Latina las implicancias de una decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que, tal como ha sido ampliamente difundido, conlleva la implementación de lo que se ha dado en llamar "el derecho al olvido". Alguien que participaba en la discusión resaltó que, sin perjuicio del contenido de este "derecho", el nombre ya era un agravio para América Latina donde, en lugar de imponer el olvido se ha estado peleando en las últimas décadas por la verdad  de lo ocurrido durante los oscuros años de dictaduras militares. Búsqueda de la verdad y olvido son contradictorios y por sólo  ello ya debería llamarnos la atención.

Sin duda mi colega tuvo un argumento válido. Si quienes estuvieron involucrados en violaciones masivas de derechos humanos pudieran solicitar, sin perjuicio del resultado de la solicitud, a un buscador de información en Internet (Google, Yahoo, o el que se nos ocurra) que esa información no sea posible de encontrar bajo argumentos, por ejemplo, que es información  extemporánea, resulta, por decirlo suavemente, un insulto a nuestra historia. Sin embargo, me parece oportuno hacer algunas otras reflexiones que me conducen a afirmar que la discusión disparada por la sentencia en Europa tiene consecuencias mucho más negativas. Dado que la instalación de este "derecho" empieza a permear en algunos países de nuestra región con el modo de reformas legislativas o pedidos judiciales para implementarlo, creo que estas reflexiones pueden contribuir a esta discusión global.

Empecemos por el principio: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó este año una sentencia donde declaró que "[...] el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona". De esta manera el Tribunal convalidó lo que muchos llaman "derecho al olvido". En verdad, es muy importante entender que lo único que establece es una suerte de "derecho a no ser indexado por el buscador".  En otras palabras, la información que se pretende olvidar no se borra, queda en el sitio donde está, porque el buscador no puede borrarla. En su lugar, se lo obliga a que simplemente no nos dirija a ese sitio.

Aquí radica el primer problema entre quienes impulsan un "derecho al olvido" que, en realidad, no olvida nada. Sólo profundiza las diferencias entre quienes saben dónde está la información y la buscan directamente y quienes, dado que no lo saben, necesitan la ayuda de un motor de búsqueda. No hay información para algunos, pero sí hay información para muchos otros.

El segundo problema es igualmente grave: el Tribunal de Justicia deja que la decisión sobre qué podemos conocer en el mundo digital y gracias a Internet, quede en manos de los privados que gestionan los motores de búsqueda. Lamentablemente, Google, a quien está dirigida principalmente la sentencia, ha decidido aceptar esa enorme responsabilidad. Es posible que no sean de buena gana los esfuerzos que está haciendo esta empresa para analizar en qué casos no indexará sitios disponibles en Internet cuando sea requerido en países de la Unión Europea. Pero, al final del día, lo cierto es que Google ha aceptado ser un tribunal de censura para cumplir con la sentencia.

Tercer problema: hay una idea "mágica" del derecho al olvido en el mundo digital que algunos creen que, una vez instalado, hace desaparecer información de Internet. Malas noticias para ellos: en la era digital, nada —o casi nada— desaparece. En realidad, si un sitio no está indexado para una búsqueda que se haga desde una computadora conectada a la Internet en países de la UE, que es lo que ordena la sentencia del Tribunal, se genera una asimetría de la información entre quien está sentado, digamos en Madrid y busca datos y quien hace exactamente lo mismo, pero sentado en Bogotá. Esta asimetría en la información genera una desigualdad intolerable entre los habitantes de este planeta.

Asimetría en la información, desigualdad y censura privada son los denominadores comunes de las consecuencias de la sentencia europea y de algunas propuestas fuera de ese continente. Pero si estos problemas son sencillos de detectar,¿por qué estamos discutiendo el "derecho al olvido"?

Tal vez la respuesta la encontremos en lo que Peter Fleischer, abogado experto en privacidad y asesor de Google, dijo recientemente en su blog: “El 'derecho al olvido' es un eslogan político muy exitoso. Y como todos los eslóganes políticos exitosos, es como un Test de Rorschach. La gente puede ver en él lo que quiera”. Por un lado, jueces y legisladores, posiblemente sin estudiar acabadamente las consecuencias, "ven" en este derecho una necesidad para la protección de la privacidad; por el otro, los defensores del derecho a la libertad de expresión, a la información y a la búsqueda de la verdad "ven" sus desventajas. Tal vez, la respuesta sea la que propone Jonathan Zittrain, autor del libro The Future of Internet and How to Stop It: “El camino hacia adelante probablemente no es un derecho legal sino una estructura que permita a quienes difunden información construir conexiones con los sujetos de sus discusiones”. En términos prácticos, ello significaría generar mecanismos de diálogo entre las personas involucradas en el manejo de la información. Quien se siente agraviado por una información accesible en linea, debería poder replicarla y el propio buscador podría tener una herramienta que lo habilitara. Más información, no menos. Y así, dejar de hablar de un derecho al "olvido" que en América Latina resulta, incluso por su nombre, ofensivo.

*Sophia Sadinsky, pas ante en el CELE, contribuyó con la versión en Inglés de este artículo.