Hoy nos
enteramos que en la Provincia de Entre Rios, se aprobó un proyecto de
resolución propuesto por un legislador para que la Cámara de Diputados
provincial resuelva:
Artículo 1. Dirigirse al Poder Ejecutivo
Provincial, para que a través del Ministerio correspondiente y ante casos de
conmoción interior, inste al organismo nacional competente en la materia a
establecer políticas de regulación y restricción de los medios electrónicos
de Internet y las redes sociales, tendientes a bloquear todos aquellos
comentarios, expresiones y/o información de carácter delictivo, que lesionen
la paz ciudadana, que promuevan el odio y la intolerancia, generen zozobra o
desconozcan las autoridades legalmente constituidas.
Artículo 2.- Instar al Estado Nacional a
intervenir y emprender las acciones necesarias para exigir a las empresas
proveedoras de servicios de internet el bloqueo de las redes sociales en toda
la Provincia de Entre Ríos durante el tiempo que fuese necesario, para
restablecer el orden público ante la instigación a cometer delitos que
atentaren contra el orden constitucional y la vida democrática.
Francamente no sé si pensar que ante los
acontecimientos de las últimas semanas es válido proponer cualquier política
pública, sin un mínimo de reflexión sobre sus consecuencias, o si quien propone
este tipo de ideas tiene un profundo desconocimiento de las tecnologías en
general y de Internet y de las redes sociales en particular.
No hace falta demasiado esfuerzo para
darse cuenta que "establecer políticas de regulación y control de los
medios electrónicos de Internet..." carece de una especificidad que hace
que cualquier cosa pueda hacerse. Me pregunto qué pensará que son los
"medios electrónicos de Internet" el legislador que lo propone. ¿Incluirá
a los diarios, los blogs, las llamadas por Skype y tantos otros ejemplos?. Pero
además propone lo mismo para las "redes sociales". Y lo que propone
es que mediante la regulación se exija el bloqueo de contenidos que, a poco de
releer el artículo 1 de la iniciativa nos lleva a concluir que el legislador
debe creer que, en lugar de complejos mecanismos que permiten el flujo de
datos, hay una persona encargada
de leer todo lo que circula en las redes sociales y puede elegir qué bloquea y
que no bloquea. Todo ello, sin perjuicio que el bloqueo de los contenidos que
se detallan llevaría en verdad, a impedir en muchos casos el acceso a la
información y la libertad de expresión.
Y, finalmente, tal vez el legislador
entiende que, de manera muy simple, se puede bloquear contenidos que sólo se
leen en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, que las redes sociales como Facebook o Twitter no sean accesibles solo en esa provincia. Tal vez el
legislador está pensando en una suerte de "llave de paso" que permite
el ingreso de contenidos, y que por ello es fácilmente manipulable. La
arquitectura de Internet es mucho más compleja, y llevarlo a cabo necesitaría
la colaboración de muchos actores que intervienen en las distintas capas que
conforman la red.
Sinceramente no creo que semejantes
propuestas sean efectivas y aplicables en la práctica. Pero eso no es lo
importante. Lo que debe preocuparnos es que los hacedores de políticas públicas
son, incluso cuando tienen buenas intenciones, capaces de proponer regulaciones
de Internet descuidadas, que demuestran desconocimiento técnico y que si se
implementaran puede tener efectos devastadores para el ejercicio de los
derechos humanos.
Para evitar estas malas prácticas, desde
la Iniciativa para la Libertad de Expresión -iLEI-
del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información –CELE-
hace tiempo propusimos una idea simple: que sea obligatorio realizar un “estudio técnico de impacto en derechos
humanos” –ETIDH- como paso previo a la presentación formal de los proyectos
de ley o de normas administrativas que regulen Internet. Incluso sugerimos que
los resultados de esos estudios de impacto deben explicitarse en la exposición
de motivos de la iniciativa. De esta manera, operaría una suerte de
“autocontrol” de legisladores y organismos regulatorios quienes, antes de
realizar cualquier propuesta se obliguen a contar con estudios de expertos o de
organismos especializados.
Como hemos explicado
con anterioridad, "la idea de contar con este tipo de estudios de
impacto no es novedosa, sobre todo cuando se tratan cuestiones de complejidad
técnica. En el ámbito de las políticas públicas que pueden involucrar un
impacto negativo al medio ambiente, desde finales de los 70’ se incluyó en la
legislación de los Estados Unidos normativa que pedía al gobierno y a sus
contratistas que evaluara el impacto ambiental de sus decisiones. La Unión Europea
regula la obligatoriedad de estos estudios desde los 80’.
En conclusión: la obligación de contar
con estudios de impacto antes de ejecutar políticas públicas se viene
realizando desde hace muchos años. Por ello, nuestra propuesta consiste en
aprender de esos casos y de los beneficios que tienen los estudios de impacto,
para exigirlos en las políticas públicas vinculadas con Internet. Con ello,
creo que evitaríamos que se hagan propuestas como la que es objeto esta breve
nota.
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