Publicado en el diario La Nación el 25 de mayo de 2018.
"No hay mal que por bien no venga", dice el refrán popular que se aplica a lo ocurrido recientemente con Facebook: la prensa publicó posibles vulneraciones a la privacidad por presuntos usos de datos personales sin contar con el consentimiento de los usuarios.
La noticia provocó dos efectos positivos: primero, hizo reflexionar sobre la importancia que tienen nuestros datos cuando su circulación transfronteriza es imparable; segundo, puso luz a un tema solo conocido por expertos: la entrada en vigor de una nueva regulación en Europa a partir de hoy que deberán acatar quienes trabajen con datos personales. Resulta entonces importante preguntarnos sobre su impacto y alcance territorial. En otras palabras, ¿se limitará su aplicación solo al viejo continente? La respuesta a este interrogante es no.
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) fue adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa en 2016 y se decidió que entrara a regir dos años después. El RGPD derogó una directiva de 1995 que fue durante más de 20 años la legislación vigente en Europa. Los países del continente debieron reformar su legislación y las modificaciones dan a los titulares de datos mejores herramientas para proteger su privacidad. Por ejemplo, el consentimiento debe ser solicitado en forma inteligible y fácil, y debe ser sencillo retirarlo; se aumenta el alcance territorial, aplicándose a todas las empresas que procesan datos personales de quienes residen en la UE, independientemente de su ubicación, y se actualizan las sanciones, con multas que alcanzan hasta el 4% de la facturación global anual o 20 millones de euros para aquellas compañías que infrinjan el reglamento.
Este cambio en la normativa impacta directamente en las empresas privadas, que, para adecuarse al RGPD, iniciaron procesos de revisión y cambio de lo que conocemos como los "términos y condiciones de uso". Por ello desde hace varias semanas recibimos solicitudes de renovación de nuestro consentimiento para el uso de aplicaciones, ahora de acuerdo con el RGPD. Esto es una demostración clara del impacto fuera de Europa de la legislación nacida allí para regular la protección de datos personales.
Pero hay otra razón que lleva a igual conclusión: el reglamento dispone que el flujo de datos personales hacia terceros países podrá hacerse libremente cuando esos países cuenten con legislación que garantice, a juicio de la Comisión Europea, un nivel de protección adecuado. Ello trae varios beneficios, por ejemplo, para el comercio electrónico, donde el flujo de datos personales resulta imprescindible. La conclusión es evidente: fuera de Europa también será necesario revisar las legislaciones internas para obtener esa suerte de "certificación" de país con "legislación adecuada", aun sin que ello signifique que deba seguirse a rajatabla lo aprobado por el Parlamento Europeo.
Globalmente se investigó el caso Facebook, incluso en nuestro país: la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) indaga sobre posibles violaciones de la ley nacional de protección de datos personales. La nueva regulación europea tendrá un impacto global en cuestiones normativas y dará otras herramientas a los órganos de control. Conscientes de ello, las autoridades de protección de datos de los países iberoamericanos, en septiembre del año pasado, aprobaron los Estándares Iberoamericanos de Protección de Datos Personales. La elaboración de esos estándares fue un proceso colaborativo donde también participaron organizaciones internacionales como la OEA y la UE.
En la Argentina el proceso de cambio normativo comenzó casi contemporáneamente a la aprobación del RGPD, en 2016. La entonces Dirección Nacional de Protección de Datos Personales elaboró un anteproyecto de reforma de la actual legislación, que nos rige desde 2000. Recientemente se dio un avance cualitativo importante, en consonancia con los estándares internacionales vigentes, al otorgar desde el año pasado el carácter de autoridad de aplicación en materia de protección de datos personales a un organismo autárquico y con autonomía funcional como es la AAIP.
La buena noticia es que desde allí seguimos impulsando la reforma legislativa que resulta necesaria para que nuestro país tenga en cuenta las transformaciones, a escala global, en materia de protección de datos personales.
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