Recientemente se difundió en los medios
de comunicación de Argentina, una resolución
de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para obligar a que cada
vaca tenga dentro de su cuerpo un "chip" y así poder controlar,
gracias a un sistema de seguimiento informático, el movimiento del ganado en el
país. La semana pasada cuando escribí la nota "El
Greco, derechos de autor y bienes culturales" me sentí con la obligación
de aclarar que no era un crítico de arte. Hoy, al escribir esta nota, creo que
también debo aclarar que ni soy un experto en impuestos, ni en cuestiones
agropecuarias. Sólo que, al leer la política que la AFIP se propone
implementar, pensé en las pobres vaquitas de nuestro país que ya no podrán
esconderse del Estado, y por ello creo que llegó el momento de defender su
privacidad! Queridos lectores, la nota comienza en serio a partir de ahora:
No quiero discutir aquí la posibilidad
para que los animales sean sujetos de derechos fundamentales (en este caso si
las vacas tienen privacidad). Antes bien, quiero llamar la atención a que en el
contexto tecnológico actual, es muy fácil implementar mecanismos de seguimiento
que, en verdad, pueden afectar el derecho humano a la privacidad en todos
nosotros. Hoy el chip se lo ponemos a las vacas -o a los perros, como por
ejemplo en España- pero nada impediría a que se nos obligue a tener instalado
uno en nuestro propio cuerpo. ¿Ciencia ficción? No
lo creo. Pero como diré más adelante, no es esta la única manera de afectar
nuestro derecho a la privacidad.
La misma semana que la AFIP en Argentina
daba a conocer su resolución sobre las vacas, la Alta Comisionada de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas publicó el estudio "El
Derecho a la Privacidad en la Era Digital". Honestamente para mi fue
mucho más interesante leer este documento que el de la AFIP y lo recomiendo
para quienes estén interesados en el estudio del impacto de la tecnología
-positivo o negativo- para el ejercicio de derechos. En el informe de las Naciones
Unidas se lee que "Los costos
declinantes de la tecnología y el almacenamiento de datos han erradicado
desincentivos financieros o prácticos para la vigilancia. El Estado ahora tiene
una mayor capacidad que nunca para llevar a cabo vigilancia simultánea,
invasiva y específicamente orientada.
En otras palabras, las plataformas tecnológicas sobre las que la vida
global política, económica y social depende cada vez más no sólo son
vulnerables a la vigilancia, sino que la facilita."
Este informe resulta más interesante
cuando se refiere al rol de las empresas privadas como posibles agentes que contribuyan
a afectar derechos humanos. Y comparto plenamente la posición que adopta la
Alta Comisionada cuando sostiene que "Donde
las empresas enfrentan las demandas del gobierno de acceder datos que no
cumplen con las normas internacionales de derechos
humanos, se espera que busquen respetar los principios de derechos humanos en
la mayor medida posible, y que puedan mostrar sus esfuerzos de hacerlo. Ello
puede significar hacer una interpretación lo más restringida posible de los
requerimientos de los gobiernos, buscar la clarificación por parte del gobierno
en relación con el alcance y los fundamentos legales de la petición, requerir
una orden judicial antes de acceder al pedido de datos que haga el gobierno, y
comunicar de manera transparente con los usuarios sobre los riesgos y
cumplimientos de las demandas de los gobiernos. " En otras palabras,
creo que las grandes empresas multinacionales deben asumir la responsabilidad
de enfrentar estados autoritarios que bajo órdenes o regulaciones locales que
pretenden tener un manto de legalidad claramente infringen el derecho internacional
de los derechos humanos.
Esta nota comienza con la posibilidad de
vigilancia electrónica mediante la utilización de un "chip" en el
cuerpo. Pero creo importante terminar aclarando que la tecnología actual
permite la vigilancia masiva aún sin esa aplicación intrusiva en el cuerpo. Las
revelaciones de Edward Snowden son sólo una muestra de esta afirmación. El
informe de las Naciones Unidas aborda adecuadamente estos problemas. Y, aún
cuando debamos discutir en la era digital el contenido del derecho a la
privacidad, lo cierto es que es imperioso estudiar las mejores políticas para
protegerlo.
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