Publicado originalmente en Infobae en http://opinion.infobae.com/eduardo-bertoni/2014/08/12/discriminacion-o-neutralidad-en-la-red-esa-es-la-cuestion/
En los últimos meses se ha incrementado la discusión
sobre la posibilidad de permitir que haya un tráfico más rápido de ciertos
contenidos en la red gracias a un pago extra a los prestadores de servicios de
Internet que podrían hacer los generadores de esos contenidos. ¿Una Internet
para empresas generadoras de aplicaciones y contenidos ricas y otra para
quienes no puedan afrontar un pago mayor? ¿Tendrá un impacto económico en
quienes usamos esas aplicaciones o contenidos? De ello hablamos cuando
globalmente se discute la importancia de la neutralidad de la red,
entendiéndola como el principio según el cual todo el tráfico en Internet debe
ser tratado con igualdad y sin discriminación, más allá de su remitente,
destinatario, tipo o contenido. Afortunadamente, esa discusión llegó a la
Argentina. Pero, desgraciadamente, un proceso que auguraba, al menos a los ojos
de varios entre los que me incluyo, buenos resultados, estaría a punto de
frustrarse si una Comisión del Senado Argentino avanza con un dictamen que ha
sido muy criticado.
En los Estados Unidos, la Comisión Federal de
Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) cerró recientemente un proceso
de consulta pública sobre su propuesta de regulación para garantizar el
principio de neutralidad y una Internet abierta. No fue una consulta más: la
FCC recibió más de un millón de comentarios al proyecto, que podrían resumirse
entre, por un lado, quienes están a favor de que la FCC tenga la autoridad para
implementar normas de neutralidad de la red (entre ellos la American Civil
Liberties Union (ACLU), Public Knowledge y entidades que agrupan a consumidores);
y, por el otro lado, quienes sostienen que un cambio en la regulación que
otorgue ese poder a la FCC no es apta para un mercado dinámico y competitivo
como el de Internet (en este grupo se encuentran, por ejemplo, poderosos proveedores
de conexión como Verizon,
AT&T
y Comcast). Hay grupos que matizaron estas dos posiciones extremas en sus
comentarios. Por ejemplo, el Information
Technology Industry Council —el grupo que nuclea a muchas de las compañías
más importantes como Apple, Ebay, Facebook, Google, Intel, Microsoft y Yahoo—sostienen
que la regulación que implemente la FCC tiene que buscar proteger no solo a los
usuarios, sino también a las empresas, tanto las grandes como las pequeñas,
aceptando que la norma no debería excluir la posibilidad de que existan acuerdos
comerciales que podrían beneficiar a los consumidores.
En el Foro de Gobernanza de Internet (IGF, por sus
siglas en inglés) que se llevará a cabo a principios de septiembre, en Turquía,
se hará eco de estos debates. El IGF es un foro anual y constituye un espacio
de diálogo para todos los sectores (organismos internacionales, gobiernos,
privados, academia y organizaciones de la sociedad civil) involucrados en las políticas
de regulación de Internet. Durante ese evento, habrá sesiones especialmente dedicadas
a debatir sobre lo que está pasando con la neutralidad de la red a nivel global:
la propuesta de la FCC y qué pasa en Estados Unidos pero, también, las
regulaciones aprobadas por el Parlamento Europeo hace unos meses y la reciente
aprobación en Brasil de una ley ómnibus para regulación de Internet que se la
conoce como el Marco Civil.
En Argentina, la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación viene trabajando desde
2013 en un proyecto de ley sobre neutralidad de la red. Es positivo que el tema
de neutralidad de la red sea establecido en una ley discutida en el Congreso,
superando regulaciones administrativas que, bueno es aclararlo, ya existen en
nuestro país. También es positivo que, al igual que lo que ocurrió en EEUU, durante
el proceso de discusión del anteproyecto fueran convocados a hacer aportes diversos
sectores sobre los que impactaría una ley como la que está en estudio. Pero,
lamentablemente y contrariando lo que sugerimos varios de los convocados, en la
última versión del ante-proyecto de la Comisión, aparecen algunas cuestiones
que van en contra del principio de neutralidad, del ejercicio de derechos
fundamentales, y del espíritu que originalmente planteaban varias de las propuestas
de quienes integran la Comisión.
Por ejemplo, el pre-dictamen de ley elaborado en el
Senado señala que el principio de neutralidad solo se aplicará a los
contenidos, aplicaciones y servicios "legales".
Cuestionamientos similares a los que surgen en el
proceso de consulta en otras latitudes podrían ser aplicados aquí. ¿Quién determinará la legalidad o no de
un contenido? ¿Quedaría en manos de las empresas privadas que prestan servicios
de acceso a Internet la potestad de decidir sobre la legalidad o ilegalidad de
un contenido, y, en tal caso, degradarlo o bloquearlo? Una regulación semejante
iría en contra del ejercicio de derechos fundamentales, en tanto se otorgaría a
privados una indiscutible herramienta de censura. Otro ejemplo: de acuerdo al pre-dictamen
ciertos "servicios especiales" podrían estar al margen del principio
de neutralidad. El mayor problema es que no hay una definición de los
"servicios especiales". Los debates alrededor del mundo dan cuenta de
la complejidad de este término y, por ello, merecería una discusión en
profundidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario