Publicado originalmente en El Universal, Mexico el 22 de enero de 2024 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/eduardo-bertoni/tecnologias-y-derechos-humanos/

Tecnologías y Derechos Humanos

Hace un tiempo relataba ante colegas que las razones personales que causaban mi atracción por el estudio de ciertas tecnologías y cómo ellas podían impactar en nuestra vida cotidiana tal vez se debía por mi fascinación en una serie infantil de finales de los años 60 que conocimos como “Joe 90”. La serie mostraba una enorme máquina que permitía a Joe, un niño, incorporar rápidamente los conocimientos que necesitaba para realizar distintas misiones como espía. Si hacía falta que manejara un jet, en pocos minutos y conectado con electrodos en su cabeza, obtenía los conocimientos que se le transferían de un piloto avezado. Esa serie me impactó porque quería esa máquina para saberlo todo y rápidamente. Esa posibilidad tecnológica empieza a dejar de ser un cuento de ciencia ficción. Sin embargo, ello no significa derechamente que nos encontramos desprotegidos jurídicamente a cualquier abuso que las tecnologías puedan causarnos. En otras palabras, no hace falta “crear” nuevos derechos sino conocer y aplicar los que ya tenemos.

Una reciente sentencia de la Corte Suprema de Chile (Girardi v/s Emotiv), demuestra que estamos frente a una realidad. Guido Girardi Lavín, un exsenador Chileno, interpuso una acción constitucional de protección de derechos fundamentales en contra de la empresa Emotiv Inc., en razón de la venta y comercialización en Chile del dispositivo “Insight”. En la sentencia se puede leer que Insight consiste en un dispositivo inalámbrico que funciona como una vincha con sensores que recaban información sobre la actividad eléctrica del cerebro, obteniendo datos sobre gestos, movimientos, preferencias, tiempos de reacción y actividad cognitiva de quien lo usa.

Es justamente lo que decide la Corte en ese caso lo que habilita a mi segunda afirmación inicial en cuanto a que sí tenemos derechos que nos protegen del uso de estas tecnologías.

Además de la cita al derecho chileno, la decisión haciendo lugar al pedido del señor Girardi, se funda afirmando específicamente que “existen diversos instrumentos internacionales que reconocen la relación entre ciencia y Derechos Humanos.” Y entre esos instrumentos señala el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico y Programa en Pro de la Ciencia de la UNESCO, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos también de la UNESCO.

Citados esos documentos, parecería errado afirmar que necesitamos crear nuevos derechos como impulsan algunos sectores bajo el nombre de “neuroderechos”, insinuando que incluso habría que ampliar el catálogo de derechos humanos porque no estarían protegidos. Aún más: pregonar que nuestros derechos humanos no están protegidos frente a las tecnologías que intervienen sobre nosotros como seres humanos, puede ser la razón de lo que está impulsando a un patrón de reformas legislativas, como en Mexico, Chile o Brasil, que dudosamente sean necesarias y que pueden contribuir a desdibujar y deslegitimar la protección que brindan los actuales estándares de derechos humanos.

Es posible sostener, en cambio, que los derechos humanos que impactan las tecnologías que trabajan sobre la actividad neuronal pueden estar vinculados con, por ejemplo, el derecho a la privacidad de la información producida por la actividad cerebral, a la cual es posible acceder a través de ciertas tecnologías. También se relacionan con el derecho a la identidad personal y la autodeterminación dado que la tecnología puede abrir la posibilidad para anular o alterar la identidad de las personas. Asimismo, se vinculan con el derecho a la igualdad frente al aumento de capacidad cerebral dado que algunos podrán acceder a estas tecnologías y otros no. Y, finalmente, y con el seguro riesgo de dejar otros derechos humanos involucrados, se vinculan también con el derecho a formar y mantener una opinión propia. Sobre esto último, es importante recordar lo que establece el art. 19.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado de derechos humanos de obligatorio cumplimiento para todos los que lo han firmado: “Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.”

Incluso en marzo de 2023, el Comité Jurídico Interamericano -CJI- aprobó una “Declaración de Principios interamericanos en materia de Neurociencias, Neurotecnologías y Derechos Humanos”. Es claro que para este órgano de la Organización de los Estados Americanos -OEA- hay protección al uso de los “datos neuronales” cuando sin titubeos afirma en el principio 3 que esos datos son “datos personales”. En otras palabras, toda la normativa que protege y regula el tratamiento de datos personales, debería aplicarse también a lo que llama datos neuronales.

Asimismo es necesario advertir que en estos ámbitos debe avanzarse con cuidado: no es lo mismo regular las tecnologías invasivas, de las que no lo son. Otro ejemplo sobre particularidades a tener en cuenta: tampoco es lo mismo regular la tecnología que eventualmente permite recoger actividad neuronal de aquélla que eventualmente pueda modificarla. Y, finalmente, tampoco es lo mismo desde la mirada regulatoria, la regulación de tecnologías que puedan recoger o modificar actividad neuronal en el sistema nervioso central o en el sistema periférico.

Para terminar, y volviendo al comienzo con el relato de mi experiencia personal de cuando era un niño: la máquina que utilizaba Joe en la serie de hace cincuenta años hoy ya es parte de la realidad. En buena hora y oportuna la Sentencia de la Corte Suprema de Chile y los documentos que provienen del CJI que nos permiten concluir, como decía al comienzo, que no hacen falta “crear” nuevos derechos sino conocer y aplicar los que ya tenemos.

Parque Viva: bienvenido un nuevo ‘manual’ sobre la libertad de expresión

 Disponible en https://www.nacion.com/opinion/columnistas/parque-viva-bienvenido-un-nuevo-manual-sobre-la/I7PKJZSY7RES5F3MMODYLXWX2E/story/

The pen and the camera are not enemies; neither are the uniforms

 AVAILABLE AT https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381389_eng

Guerra y Periodismo

Nota originalmente publicada en El Pais, Uruguay el 13 de marzo de 2022 

Lamentablemente la humanidad se enfrenta a una guerra cuyas consecuencias no podemos predecir. Al decir de Thomas Friedman, lo novedoso es que esta vez nos enteramos de muchas de las atrocidades del conflicto sin filtro y gracias a las redes sociales y al acceso a Internet. Sin embargo, ello no debe menospreciar el trabajo del periodismo de guerra para cubrir los acontecimientos allí donde suceden. 

 

Miles de periodistas se han trasladado, con valentía, al lugar donde los misiles y las balas les pasan demasiado cerca. Una de las tareas que más valoramos es, aún en esas condiciones, el levantamiento de testimonios de quienes intervienen, de una lado y del otro tanto como víctimas como victimarios.

 

Muchos de esos testimonios, a no dudarlo, son posibles porque el periodismo se transforma en la única fuente confiable para denunciar violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario. Pero esa confianza se destruiría a la velocidad del rayo si los periodistas estuvieran obligados a dar las fuentes de información de lo que publican.

 

Sobre esta cuestión, hace 20 años, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, en la apelación de una decisión por la que se había decidido citar a un periodista corresponsal de guerra con el objeto de testificar por un artículo que había publicado.

 

Jonathan Randall se desempeñaba como corresponsal del Washington Post en Yugoslavia. El 11 de febrero de 1993, el Washington Post publicó un artículo de Randall que contenía declaraciones atribuidas a Radislav Brdjanin, un de los acusado por crímenes contra la humanidad y violaciones graves de las Convenciones de Ginebra de 1949 que involucraban la  deportación, traslado forzoso y apropiación de bienes  durante el conflicto armado en la Ex-Yugoslavia. 

 

El artículo mencionaba que Brdjanin había afirmado  que las autoridades serbias prestaron “demasiada atención a los derechos humanos” en un esfuerzo por complacer a los gobiernos europeos y que “[n]o tenemos que demostrarle nada más a Europa. Vamos a defender nuestras fronteras a toda costa. . . y donde sea que estén nuestras botas militares, esa es la situación”.  Además, el artículo sostenía  que Brdjanin dijo que estaba preparando leyes para expulsar a los no serbios de las viviendas del gobierno para dar cabida a los serbios. 

 

Randall, que no hablaba serbocroata, realizó la entrevista con la ayuda de otro periodista, que sí habla serbocroata.

 

Durante el juicio a Brdjanin, la fiscalía solicitó que se admitiera el articulo publicado en el diario como prueba, alegando que era relevante para establecer que la intencionalidad del acusado por los delitos imputados. 

 

La defensa se opuso por varios motivos, incluido que las declaraciones atribuidas a Brdjanin no se publicaron con precisión. La defensa consideró que, si se admitiera el artículo, buscarían interrogar Randall para cuestionar la exactitud de las citas mencionadas anteriormente. 

 

Así las cosas, la Fiscalía solicitó que la Sala de Primera Instancia del Tribunal citara a Randall y ello fue admitido. Posteriormente la Fiscalía informó a la Sala que el Randall se había negado a cumplir con la citación sobre la base de que se debía reconocer la protección de fuentes confidenciales por lo que la citación era improcedente  La Sala no aceptó ese argumento y ello fue apelado. 

 

Finalmente, la Sala de Apelaciones consideró que la citación a un corresponsal de guerra era inadmisible bajo argumentos vinculados con el riesgo que ocasionaba una citación para el trabajo de la prensa en situaciones de conflicto, especialmente porque las fuentes se podrían sentir limitadas a prestar testimonios si sabían que un periodista podía revelar su identidad ante un llamado de los tribunales. 

 

Este fundamento se extrapola a casos de periodistas que cubren otros asuntos que suceden en contextos de paz, pero la razón es siempre la misma: la protección del periodista para que no revela las fuentes es importante para dar confianza a la propia fuente para que pueda hablar sin temor.

 

Es por esa importancia que ya en el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al aprobar la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, incluyó con claridad (art. 8) que todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.

 

En resumen: existen estándares internacionales que impiden que los periodistas sean obligados a revelar sus fuentes. Cuando los operadores judiciales o las fuerzas de seguridad citan o ejercen actos para que los periodistas revelen sus fuentes de información, generan una tensión que no solo erosiona la relación entre la prensa y el sistema de justicia, sino que, de consolidarse esa mala práctica, se daña la posibilidad para que la población conozca cuestiones que de otra manera no hubieran podido ser conocidas. 

 

Ver en https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/la-libertad-de-prensa-en-una-sociedad-democratica-por-eduardo-bertoni-noticia/

Será Justicia, Programa 25/07/18, Eduardo Bertoni, sobre FAKE NEWS

La Piedra Angular*

* Reproduzco abajo nota de opinión escrita con Santiago Cantón y publicado en El Pais aquí. 

El histrionismo y la comicidad no lograrían ocultar la gravedad de lo actuado. Como ex Relatores de Libertad de Expresión de las Américas, sabíamos perfectamente la magnitud de la amenaza. Jorge Capitanich, Jefe de Gabinete de la Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, contrariado con lo expresado por el diario Clarín, rompió ante las cámaras de televisión un ejemplar del periódico, representando en menos de un minuto la lucha histórica y desigual de la prensa frente al inconmensurable poder del Estado.

Ambos fuimos testigos en América Latina de esos abusos. Ya fuera Fujimori en Perú o Chavez en Venezuela, la prensa molestaba. Pero desde el retorno a la democracia en nuestro país ningún gobierno había llegado a esos extremos. Nuestra preocupación estaba bien acompañada; la misma Relatoría de la OEA que ayudamos a forjar años atrás continuaba monitoreando los abusos autoritarios y, en el año 2015, Argentina, a juicio de la extensión del informe, estaba ubicada entre los peores países de la región en cuanto al respeto de la libertad de expresión. La necesidad de una nueva política pública en materia de libertad de expresión y de prensa era incuestionable.

El actual gobierno del presidente Mauricio Macri decidió impulsar ese cambio mediante, entre otras acciones, la reforma de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la ley "Argentina Digital" que durante el kirchnerismo fueron usadas en forma parcial y partisana. La ley que se está gestando, debe, ante todo, ajustarse a los estándares de protección de la libertad de expresión y de prensa del sistema interamericano. Algunos de esos estándares son los siguientes:

Es fundamental que las frecuencias radioeléctricas se otorguen en base a "criterios democráticos" como establece la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH. Criterios de renovaciones automáticas u otorgamientos de licencias muy prolongados en el tiempo no son adecuados. Se deben incorporar criterios que vayan más allá de los meramente económicos. Inclusive debe tenerse en cuenta la asignación de licencias para quienes provean servicios de Internet (ISPs) para que ello en la práctica facilite el acceso a las tecnologías de información.

La ley debe ajustarse a los estándares de protección de la libertad de expresión y de prensa del sistema interamericano

Otra requisito esencial que debe contener una nueva ley es la pluralidad y diversidad de los contenidos audiovisuales. Es importante incorporar en la ley una idea adecuada de pluralismo que fomente la libertad de expresión y de prensa. Esto debe ir acompañado con regulación clara que implique autonomía de los medios públicos en cuanto a la emisión de contenidos respecto de los gobiernos. El modelo de la BBC es uno, entre los posibles.

Creemos que la ley tiene que aclarar si va a incluir Internet como servicio público o no. Con una regulación cuidadosa, la prestación de servicios de Internet comoservicio público puede ser incluida. Igual consideración respecto de la distribución de contenidos por cableoperadores. Finalmente, en relación con el control de la aplicación de la ley, es deseable que la autoridad de aplicación tenga, en la reglamentación pero también en la práctica, independencia y autarquía del Poder Ejecutivo.

Estos son algunos trazos de lo que debería incluir la nueva ley. La decisión de impulsar una nueva normativa es un decisión de política pública de todo gobierno. El rol de todos los que defendemos la libertad de expresión es debatir y aportar ideas para que la nueva ley contenga los principios y mecanismos de control modernos y adecuados para gozar de una libertad de expresión plural, diversa y sin limites arbitrarios en la ley o en su implementación y aplicación.

El Gobierno del Presidente Macri está avanzando por ese camino: el 1 de marzo, el Ministerio de Comunicaciones emitió la Resolución Nº 9 estableció que el anteproyecto de Ley de Marco regulatorio para las Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina deberá contemplar una serie de cuestiones que están en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos recién expresados. Ello incluso llevó al Relator de la CIDH a que se pronunciara en una audiencia pública reconociendo al Gobierno actual por “atender las recomendaciones que consistentemente ha hecho la Relatoría” como ser el envío de la ley de acceso a la información recientemente aprobado en Diputados y “el cambio en el clima de la relación entre el gobierno y el periodismo”.

Un año después de haber roto el diario por televisión, ya fuera del poder y tal vez en la desesperada búsqueda de una buena prensa que le ayude a sostener una carrera política en vertiginoso descenso, el Jefe de Gabinete pidió disculpas por su ridículo y temerario acto. Pero ya era tarde, el daño estaba hecho y nuestra democracia había llegado a uno de los puntos mas bajos desde 1983 en la defensa de la libertad de expresión. El gobierno esta ante un desafío histórico: crear una ley que permita que la libertad de expresión sea “la piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática” como dijo la Corte Interamericana de DDHH.

La nueva ley es solo un paso. El intercambio fluido con periodistas mediante múltiples conferencias de prensa o la decisión de modificar la asignación de la pauta oficial son también decisiones que avanzan por el mismo camino. Al final de todo este proceso, lo importante es que las políticas implementadas sirvan para proteger a todos los ciudadanos de las arbitrariedades y autoritarismos de funcionarios pasajeros que usan el poder del Estado para silenciar y someter.

Santiago A. Canton y Eduardo Bertoni fueron Relatores de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente son funcionarios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y Nacional respectivamente.

Prevent and Punish. In search of solutions to fight violence against journalists.

(Below is the abstract of my paper published originally by UNESCO in 2015)

This paper serves as an overview of the global pattern of crimes committed against media workers, the impunity connected with such acts, and the steps both the international community and individual states have taken to confront the situation.

The first chapter introduces the magnitude of the trend of violence journalists face, the impunity for said crimes, and its impact on freedom of expression and democracy. This overview draws on the statistics of non-governmental organizations and other international bodies to demonstrate the global nature of the problem.

The second chapter explains the methods of international organizations— such as the United Nations, the organization of American States, the African Commission on Human and Peoples’ Rights and the Organization for Security and Cooperation in Europe— have employed to combat such impunity. Declarations, resolutions, plans of actions and judicial opinions from international courts all inform this capsulation.

The third chapter describes the programs countries have implemented to confront the issue, specifically within Latin America. Such innovations include the creation of special prosecutors, the federalization of crimes against journalists, and protection programs.

The paper includes a discussion of the challenges the justice system faces in investigating and prosecuting these crimes, while acknowledging that impunity in Latin America is a scourge across all types of criminal activity. At the same time, the paper makes the case as to why attacks on journalists merit particular attention from the criminal justice system.

Finally, Something New Under the Sun! Notes on the Inter-American Court of Human Rights Ruling on the RCTV Case*

The decision of the government of Venezuela not to renew the concession of Radio Caracas Televisión (RCTV) was the subject of interesting discussions on the state of freedom of expression in that nation. The controversy eventually reached the Inter-American Court of Human Rights, which issued a ruling on the case, GRANIER Et Al (RADIO CARACAS TELEVISIÓN) VS. VENEZUELA (the RCTV case), on June 22, 2015. The court ruled against Venezuela, finding that there had been violations of freedom of expression, and ordered the State to return the equipment that had been seized so that the channel could go back on the air until a new license concession process could be conducted. Manuel Ventura Robles, now a former member of the Court, stated in his remarks that this is the most important sentence issued by the body in the field of freedom of expression.

I agree with his statement, though I cannot forget many other cases that had a clear impact on the exercise of this fundamental right on the continent. (For example, I recall cases regarding abuse of laws on insults or criminal defamation, or even prior restraint or violence against journalists.) I do fully agree with Ventura Robles that this sentence makes clear “the Court’s desire to avoid more violations of freedom of expression on our continent, reverse the case law from Mémoli vs. Argentina, and make it clear to the government [of Venezuela] how serious the violation [of freedom of expression] is.” As I will briefly show in the paragraphs that follow, in the ruling on the RCTV case, the Court has given us new standards for the interpretation of Article 13 of the American Convention on Human Rights (ACHR).

Those of us who have had the opportunity to litigate before the Inter-American Court of Human Rights on a regular basis, ask ourselves which elements of evidence are important as part of our efforts to bring allegations of violations of freedom of expression before the court. The RCTV case gives us a very valuable clue for responding to this question. It also offers some unbeatable advice to public officials: be careful what you say, because it can be used against you! It is worth noting that in paragraph 61 of the ruling, for example, the Court states that it had been proved that there was both “an ‘environment of intimidation’ generated by the statements of high-ranking government authorities against independent media outlets” and that, based on such statements, the failure to renew the concession was due to the fact that this outlet held “an anti-government stance.”

In regard to this last point, the defense that the Venezuelan government mounted during the trial and the way that the Court knocked it down are of interest. According to the state (paragraph 187), the decision not to renew the concession was based on “the democratization of the use of the broadcasting medium and plurality of messages and contents.” The Court recognized that guaranteeing pluralism is not only a legitimate end, but also a duty of the state. However, in this case, after analyzing the officials’ statements, the Court determined that there was an unstated end (punishing RCTV for its anti-government editorial line) and that this represented abuse of power by the authorities “given that a power granted to the State was used in order to editorially align the media outlet with the government” (paragraph 197). The ruling also states that “the true purpose was to quiet voices critical of the government, which, along with pluralism, tolerance and the spirit of openness, represent the demands of a democratic debate that freedom of expression seeks to protect” (paragraph 198).

Ultimately, the interesting thing is that in order to prove both elements (context of attack on the media outlet based on its editorial line and the decision not to renew the concession), the Court evaluated the statements of the officials. Keep that in mind for the future!

The sentence provides another clue for future litigators. Though it is not surprising but also not unimportant, the Court stated that “the media are true instruments of freedom of expression” (paragraph 148). It is clear that the media are legal entities, and this is the problem that the Court solved in this case: given that, as the court understands it, legal entities cannot be “victims” of a violation of rights based on the American Convention of Human Rights, it must be determined “whether a State action that affected the media outlet as a legal entity also had a certain and substantial negative impact on the freedom of individuals.” To that end, it is necessary to “analyze the role that the presumed victims play within the media outlet and specifically the way that they contributed to the channel’s communications mission” (paragraph 149). In the Court’s decision, it was determined that there were violations of rights of individuals related to the legal entity RCTV.

An innovative question for the Court’s case law (though the OAS Special Rapporteur for Freedom of Expression had anticipated this a few years ago) refers to the broadcasting standards that must be considered in order to provide the freedom of expression guaranteed by the American Convention on Human Rights. The Court refers to this issue broadly for the first time in this ruling.

In paragraph 165, the court recognizes “the authority and need of governments to regulate broadcasting activity… as long as they respect the guidelines imposed by the freedom of expression….” This activity of governments includes the key issue in this case: the decision regarding how concessions or license renewals for broadcasting space use are handled.

To that end, and given that –as the Court notes- the spectrum is very limited, distribution must be handled in a manner that ensures that there are media that represent “a diversity of visions or informative stances or opinions” (paragraph 170). The Court ends the paragraph by stating that “pluralism of ideas in the media cannot be measured based on the number of media outlets. It depends on whether the ideas and information transmitted are actually diverse and are addressed from divergent positions without a single vision or position.”

This must be considered during the processes of granting or renewing broadcasting license concessions. The Court ruled that the limits or restrictions derived from the regulations related to broadcasting must consider the guarantee of pluralism of the media given its importance for the functioning of a democratic society.

In other words, for the Court, the guarantee of pluralism is key for analyzing regulations on concessions and for the renewal of concessions that have already been granted. In regard to the latter, the ruling notes (paragraph 179) that there is no duty to renew broadcasting concessions in international law. On the other hand, based on this sentence it is clear that the Court will interpret concessions processes so that they are compatible with the American Convention on Human Rights. “All of these processes must be handled without discriminatory criteria that seek to limit the granting of concessions and they must be aimed at strengthening informative pluralism and respect for judicial guarantees” (paragraph 394). In the case of RCTV, the Court understood that the Venezuelan government had violated Article 13 of the Convention precisely because the decision not to renew was the result of an abuse of power.

In closing, I began with a mention of the Ventura Robles vote and I will end with a reflection that stems from his statements in this case. His vote is a dissenting one, and it is important to understand why this is the case even though he believes that freedom of expression had been violated by the Venezuelan State. He laments the fact that the Court did not find a violation of other rights, including the guarantee of the independence and impartiality of the Judicial Branch that would explain the violation of the right to ownership. Thirty years ago, when Ventura Robles was the Assistant Secretary of the Court, the body issued its Consultative Opinion No. 5, which taught us that freedom of expression is the cornerstone of democracy. As such, we must all exercise it and also defend it against even the smallest attempts to chip away at it. For that defense, we need a division of powers and especially independent judges. The defense of freedom of expression needs them.

Originally published at Observacom here

La SEGOB y su “esfuerzo” por proteger la libertad de expresión*

La intención de la Secretaría de Gobernación de prohibir la circulación de la revista Cáñamo, a través de reglamentos administrativos, es un hecho preocupante. Si hay algo que el sistema interamericano de protección de derechos humanos deja en claro desde hace treinta años es que la censura previa es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos.

SEPTIEMBRE 17, 2015

Por: Eduardo Bertoni (@ebertoni)

Quienes seguimos la situación de la libertad de expresión y de la libertad de prensa a nivel global, advertimos con dolor que en Latinoamérica hay focos de violencia contra periodistas como consecuencia de su ejercicio profesional. Esa violencia, que va desde simples amenazas hasta asesinatos, ha adquirido niveles alarmantes en México. Las alertas que emiten organizaciones no gubernamentales, las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos son prueba suficiente de tal afirmación. Es por ello que con sorpresa ha llegado a mi conocimiento un dictamen de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) donde los funcionarios se ocupan de analizar la posible “ilicitud” de la revista Cáñamo. La Revista de la cultura del cannabis a los efectos de, eventualmente, prohibir su circulación. Estoy convencido que la prudencia indica que los esfuerzos del gobierno mexicano a través de sus distintas oficinas deben garantizar el libre ejercicio de la libertad de prensa y el acceso a la información, derechos que -por lo que apuntaba antes- están muy cuestionados.

No es objeto de esta breve nota analizar el contenido de la revista en cuestión. Lo que deseo llamar la atención es que SEGOB ha emitido, con fecha 27 de Mayo, un dictamen donde aplica un “Reglamento Sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas”, que en la combinación interpretativa de los artículos 5 y 6 -entre otros- arroja como resultado una normativa que permite a un ente administrativo calificar contenidos, y, a posteriori, eventualmente impedir su circulación. En otras palabras, un caso claro de censura previa dictada por un órgano estatal en razón del contenido.

Dictamen de la Segob

La aplicación de estos reglamentos sería un hecho preocupante. Si hay algo que el sistema interamericano de protección de derechos humanos deja en claro desde hace treinta años es que la censura previa es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Pasados poco más de quince años de la OC-5/85, la Corte Interamericana emitió sentencia en el caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros). La decisión estaba relacionada con el rechazo a la exhibición de la película “La Última Tentación de Cristo” por parte de instancias administrativas -y judiciales también- chilenas. Los fundamentos de las autoridades estaban sustentados en diversas normas reglamentarias internas que establecían un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica. La similitud con la normativa mexicana que ahora comento es sorprendente.

Es muy sabido que la Corte Interamericana declaró que la prohibición para la exhibición de la película era contraria al artículo 13 de la Convención Americana. De la decisión de la Corte Interamericana en aquel caso podemos rescatar dos cuestiones que deben tenerse en cuenta ahora en México. La primera está vinculada con la aclaración explícita por parte del tribunal en torno a la prohibición de la censura previa en el marco del sistema interamericano. La segunda, con la afirmación de que las vulneraciones a la libertad de expresión pueden provenir de cualquier poder del Estado, ya sea un ente administrativo o judicial.

A mayor abundamiento, tampoco podemos soslayar que aún cuando existan posibilidades de establecer restricciones a la libertad de expresión, ellas deben provenir de la ley, en sentido formal y sustancial. Una arquitectura que funda sus restricciones en reglamentos administrativos, también es, para la Corte Interamericana, contraria a la libertad de expresión.

En definitiva, el caso de la actuación de la SEGOB y la Comisión Calificadora, de prosperar negativamente, podría poner a México una vez más en el banquillo de los países acusados por violar la libertad de expresión. En tiempos en que los y las periodistas en este país se debaten entre seguir con su profesión o dedicarse a otra cosa por temor a represalias, sería de esperar que, a lo menos, los esfuerzos del Gobierno para la protección de derechos fundamentales sea puesto donde más falta hace.

Publicado originalmente en Animal Político aquí

The use of the DMCA to stifle free expression

The use of the Digital Millennium Copyright Act  -DMCA- as a tool for political censorship is neither regionally nor ideologically specific. In the paper "The use of the DMCA to stifle free expression" (co-authored with Sophía Sadinsky) we demonstrates how it has been applied in a range of cases around the world that are startlingly diverse in terms of their scale, substance, and the players involved. In other words, we examines the misuse of the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) to censor political and other forms of speech online, with a particular focus on its impact in Latin America.

The paper reviews the characteristics and scope of the DMCA and highlights several cases in North and South America in which the legislation has been used to remove online content. It briefly outlines the international and regional standards that govern freedom of expression and how DMCA takedowns violate these norms. Finally, it presents existing proposals to mitigate the use of the DMCA to censor protected speech and offers additional recommendations.

The paper was published in in Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías No. 13, Enero - Junio de 2015. ISSN 1909-7786, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Colombia. The complete version of the paper is available here.

Sobre discursos de odio -un comentario bibliográfico*

Conocí a Jeremy Waldron en la Universidad de Columbia, cuando él dictaba, entre otros, el curso de "Jurisprudence" que en el año 2001 yo auditaba mientras gozaba de una beca otorgada por el Instituto de Derechos Humanos de esa universidad. Para mi carrera, sus clases fueron, además de sumamente formativas, muy importantes para adquirir nuevas técnicas en la enseñanza del derecho. Sus clases eran muy provocadoras, nos impulsaban a reflexiones interesantes, y además eran entretenidas. Luego de asistir a sus clases, seguí leyendo alguno de sus trabajos hasta que hace un par de años llegó a mis manos el libro que hoy comento. Y si empecé elogiando al Prof. Waldron en esta reseña bibliográfica fue sólo para sentirme cómodo diciendo que The Harm in Hate Speech (Harvard University Press, 2012) no está a la altura de los libros o de las conferencias de su autoría que supe conocer.

Me alegra saber que no soy el único que tienen un desacuerdo con el profesor neocelandés. La primera página con la que se encuentra el lector, en la sección sobre reconocimientos, Waldron mismo señala , y agradece, a personas de la talla de Ronald Dworkin, C. Ed. Baker, o Anthony Lewis, quienes "están duramente en desacuerdo" sobre el problema del "hate speech" (podría traducirlo como discurso de odio, pero en esta nota prefiero dejar la manera en que se califica estos discursos en idioma inglés).

El libro, de poco menos de 300 páginas, transita el problema del "hate speech" en ocho capítulos: Approaching Hate Speech; Anthony Lewis´s Freedom for the Thought That We Hate; Why Call hate Speech Group Libel?; The Appearance of Hate; Protecting Dignity or Protection from Offense?; C. Edwin Baker and the Autonomy Argument; Ronald Dworkin and the Legitimacy Argument; y, finalmente, Toleration and Calumny.

Alguno de estos capítulos fueron motivo de discusión del seminario de doctorado que se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y que organizamos junto con el Prof. Martin Farrell durante el segundo semestre de 2013. Varias de las críticas a las posiciones de Waldron que paso a exponer fueron fruto del trabajo en ese seminario.

En uno de los capítulos, Waldron se pregunta si las leyes sobre hate speech protegen a las personas de ser ofendidas. La respuesta del autor es concluyente: no. Y ello lo funda en una distinción que hace entre lo que puede ser una afectación a la "dignidad" y una expresión que sea meramente una "ofensa". Al tratar de entender esta diferencia, parecería que Waldron considera que una ofensa se refiere a un ataque a la subjetividad de las personas mientras que un ataque a la dignidad presupone una cuestión más objetiva: un ataque a una característica del grupo del que la persona es parte en la sociedad.

Waldron concluirá, entre otras cosas que un ataque a la dignidad, incluso sin lesionar sentimientos personales, debe ser protegido -que es lo que hacen las leyes de hate speech- dando un argumento que no parece muy sólido: "Nosotros protegemos la dignidad básica de las personas porque ello es importante: es importante para la sociedad en general, porque la sociedad como sociedad quiere asegurar su propio orden democrático y su carácter como sociedad de iguales; y la dignidad importa por supuesto para aquellos en los que la dignidad es lesionada" (traducción propia, p.111). Podemos estar de acuerdo con esto, pero por que no importa una ofensa, entendida como una lesión subjetiva, como objeto de igual proteción?

Para ser justo con Waldron, él mismo acepta que muchas de las líneas divisorias que el traza en el libro (sin duda la antes referida es una de ellas) son líneas muy difíciles de dibujar (p.115). Estoy muy de acuerdo con ello y, más aún, con lo que también el autor dice: [...]cuando existen líneas difíciles de dibujar la ley debería generalmente estar en el lado liberal que ellas dividen."(p.126). Pero lo que no se comprende por qué es más liberal proponer legislación que prohíba el hate speech porque ataca la dignidad y no proponer, además, leyes que restrinjan discursos ofensivos! O, viceversa: ¿no sería más liberal abandonar las prohibiciones a ambos discursos?

A lo largo del libro, el lector encontrará argumentos que siguen trazando líneas difíciles de dibujar. Por ejemplo, aún cuando elogia a C. Edwin Baker -a quien considera un absolutista en favor de la Primera Enmienda (p.146)- en la valorización de la autonomía que tienen incluso los que pronuncian discursos con contenido de "hate speech" para impedir cualquier regulación que los prohíba, justamente porque iría en contra de esa autonomía, Waldron resuelve el problema de una forma que aparece a simple vista muy simple. Dice: "Yo creo que debemos adherirnos al modelo del "balance" [...] sopesando por un lado la importancia para los individuos de la autonomía para pronunciar su discursos de la que habla Baker y, por el otro, la importancia de los valores individuales y sociales que se comprometen cuando esos discursos son públicos..."(p.170, traducción y adaptación propia).

Hasta allí uno podría criticar preguntando por qué Waldron elige una técnica de  balance entre derechos de igual jerarquía para resolver la cuestión y por qué ello sería correcto. Pero su argumento se hace más confuso en el párrafo que sigue: "Ese balance no requiere la supresión de cada palabra o epíteto que coloquialmente cuenta como hate speech. Sólo requeriría a nosotros atender a las formas más graves [...]". Otra línea difícil de demarcar que para Waldron parece no serlo.

Pero lo más criticable es cómo termina Waldron la respuesta a los argumentos de Baker: dice que este último valora más la autonomía que los otros valores que están en juego. Lo que no encuentro explicación, al menos clara y definitiva, es por qué esos otros valores estarían, aún aceptando el test del balance de derechos, por encima de la autonomía.

Otro de los argumentos que el autor de The Harm in Hate Speech trata de contrarrestar es el que le adjudica a Ronald Dworkin. En pocas palabras, y con muchas citas, el argumento que resume es el siguiente: las leyes que prohíben que los discursos entren en el debate público son leyes que carecen de legitimidad. Waldron, y con cita textual de Dworkin (p.175) lo frasea de este modo: "La libertad de expresión es, en otras palabras, parte del precio a pagar para la legitimidad política: "Las mayorías no tienen derecho a imponer su voluntad sobre aquellos a quienes se les ha impedido levantar su voz de protesta, o para argumentar u objetar una decisión antes que sea tomada". Si deseamos leyes legítimas contra la violencia o la discriminación, debemos dejar a nuestros oponentes expresarse. Y entonces podremos legitimar la sanción de esas leyes y su cumplimiento mediante el voto.".

Haciendo referencia a lo que había expuesto en su presentación en las conocidas "Holmes lectures",  Waldron reconoce el valor del proceso de legitimidad democrática de las leyes. Sin embargo concluye que: "He dicho que cuando algo ya no es más un tema vivo [...] tal vez debemos ser menos abiertos a la legitimidad política cuando decidimos como manejar legislativamente casos de daño infligido sobre la dignidad de miembros minoritarios por las expresiones públicas de visiones atípicas".(p.196, traducción propia).

Atípicas (outliers en el texto original) son aquellas expresiones referidas a ciertas cuestiones que según Waldron ya han sido establecidas y que no merecen ningún tipo de discusión, sobre las cuáles el debate no merece continuarse. Para Waldron, el razonamiento luce impecable: si hay algún tema terminado, continuar con la discusión no es necesario, y si ello es así, prohibir esos discursos en nada menoscaba la legitimidad democrática de la prohibición porque son discursos que ni siquiera merecen ser oídos.

Sinceramente esta afirmación de Waldron sorprende, porque nuevamente traza una línea difícil de definir. ¿Cuáles son las discusiones terminadas? ¿Que datos empíricos tenemos sobre ello? Por supuesto que estoy de acuerdo que sostener la superioridad racial no sólo es una aberración sino una estupidez. Pero creo que imponer la clausura de la discusión tal cómo pretende Waldron me permite, para terminar esta reseña, recordar a John Milton, quien en su Areopagítica  (1643) magistralmente sintetizara que "En la Escritura es comparada la Verdad a un manantial de aguas corrientes: si sus aguas no fluyen en perpetuo avance, enferman en charca cenagosa de conformismo y tradición. Podrá un hombre ser herético en la verdad; que si tal creyere cosas únicamente porque su pastor se las dice, o la asamblea así lo determina, sin conocer otra razón, la misma verdad que mantiene, cierta y todo su creencia, se convierte en herejía." Yo no quiero ser hereje. Prefiero escuchar aún las estupideces y convencerme de lo que creo porque las estupideces no me convencen. Dejo al lector de esta reseña la decisión del lugar donde desea colocarse.

*Este comentario bibliográfico apareció originalmente en la revista "Teoría del Derecho" (Año 1 número 2), Facultad de Derecho, Universidad de Palermo.

Carta a Google sobre la implementación del llamado derecho al olvido

Ha pasado un año desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidió que Google y los motores de búsqueda en general son “responsables” por el tratamiento de los datos personales que aparecen en los sitios web.  De acuerdo a la sentencia, una persona puede pedir que determinada información personal sea removida de los resultados de las búsquedas cuando esta es “inapropiada, irrelevante y desactualizada” y siempre que no exista interés público. Sin perjuicio de lo que he publicado con anterioridad sobre el mal llamado ¨derecho al olvido¨, una vez que Google decidió cumplir con la sentencia, me sumé a una iniciativa de alrededor de 80 académicos alrededor del mundo donde solicitamos a la empresa que transparente los procesos por los que lleva adelante la implementación de la decisión del Tribunal.

Aquí reproduzco (en Inglés) la carta que ha tenido alto impacto en distintos medios internacionales, entre ellos, The Guardian, TechCrunch, V3, ITPro, Telegraph, Wired, NOS,The Register, International Business Times, Vice Motherboard, London Review of Books, SC Magazine, Search Engine Land, Information Week, Wall Street Journal. La respuesta de Google a la carta está reflejada aquí. 

Full text of the letter demanding more transparency from Google over how it processes ‘right to be forgotten’ requests:

May 13, 20015

What we seek

Aggregate data about how Google is responding to the more than 250,000 requests to delist links, thought to contravene data protection laws, from name search results. We should know if the anecdotal evidence of Google’s process is representative: What sort of information typically gets delisted (e.g., personal health) and what sort typically does not (e.g., about a public figure), in what proportions and in what countries?

Why it’s important

Google and other search engines have been enlisted to make decisions about the proper balance between personal privacy and access to information. The vast majority of these decisions face no public scrutiny, though they shape public discourse. What’s more, the values at work in this process will/should inform information policy around the world. A fact-free debate about the RTBF is in no one’s interest.

Why Google

Google is not the only search engine, but no other private entity or Data Protection Authority has processed anywhere near the same number of requests (most have dealt with several hundred at most). Google has by far the best data on the kinds of requests being made, the most developed guidelines for handling them, and the most say in balancing informational privacy with access in search.

One year ago, the European Court of Justice, in Google Spain v AEPD and Mario Costeja González, determined that Google and other search engines must respond to users’ requests under EU data protection law concerning search results on queries of their names. This has become known as the Right to Be Forgotten (RTBF) ruling. The undersigned have a range of views about the merits of the ruling. Some think it rightfully vindicates individual data protection/privacy interests. Others think it unduly burdens freedom of expression and information retrieval. Many think it depends on the facts.

We all believe that implementation of the ruling should be much more transparent for at least two reasons: (1) the public should be able to find out how digital platforms exercise their tremendous power over readily accessible information; and (2) implementation of the ruling will affect the future of the RTBF in Europe and elsewhere, and will more generally inform global efforts to accommodate privacy rights with other interests in data flows.

Google reports that it has received over 250,000 individual requests concerning 1 million URLs in the past year. It also reports that it has delisted from name search results just over 40% of the URLs that it has reviewed. In various venues, Google has shared some 40 examples of delisting requests granted and denied (including 22 examples on its website), and it has revealed the top sources of material requested to be delisted (amounting to less than 8% of total candidate URLs). Most of the examples surfaced more than six months ago, with minimal transparency since then. While Google’s decisions will seem reasonable enough to most, in the absence of real information about how representative these are, the arguments about the validity and application of the RTBF are impossible to evaluate with rigour.

Beyond anecdote, we know very little about what kind and quantity of information is being delisted from search results, what sources are being delisted and on what scale, what kinds of requests fail and in what proportion, and what are Google’s guidelines in striking the balance between individual privacy and freedom of expression interests.

The RTBF ruling addresses the delisting of links to personal information that is “inaccurate, inadequate, irrelevant, or excessive for the purposes of data processing”, and which holds no public interest. Both opponents and supporters of the RTBF are concerned about overreach. Because there is no formal involvement of original sources or public representatives in the decision-making process, there can be only incidental challenges to information that is delisted, and few safeguards for the public interest in information access. Data protectionauthorities seem content to rely on search engines’ application of the ruling’s balancing test, citing low appeal rates as evidence that the balance is being appropriately struck. Of course, this statistic reveals no such thing. So the sides do battle in a data vacuum, with little understanding of the facts – facts that could assist in developing reasonable solutions.

Peter Fleischer, Google global privacy counsel, reportedly told the 5th European Data Protection Days on 4 May that, “Over time, we are building a rich program of jurisprudence on the [RTBF] decision.” (Bhatti, Bloomberg, 6 May). It is a jurisprudence built in the dark. For example, Mr. Fleischer is quoted as saying that the RTBF is “about true and legal content online, not defamation”. This is an interpretation of the scope and meaning of the ruling that deserves much greater elaboration, substantiation, and discussion.

We are not the only ones who want more transparency. Google’s own Advisory Council on the RTBF in February 2015 recommended more transparency, as did the Article 29 Working Party in November 2014. Both recommended that data controllers should be as transparent as possible by providing anonymised and aggregated statistics as well as the process and criteria used in delisting decisions. The benefits of such transparency extend to those who request that links be delisted, those who might make such requests, those who produce content that is or might be delisted, and the wider public who might or do access such material. Beyond this, transparency eases the burden on search engines by helping to shape implementation guidelines and revealing aspects of the governing legal framework that require clarification.

Naturally, there is some tension between transparency and the very privacy protection that the RTBF is meant to advance. The revelations that Google has made so far show that there is a way to steer clear of disclosure dangers. Indeed, the aggregate information that we seek threatens privacy far less than the scrubbed anecdotes that Google has already released, or the notifications that it is giving to webmasters registered with Google webmaster tools. The requested data is divorced from individual circumstances and requests. Here is what we think, at a minimum, should be disclosed

What we seek

1. Categories of RTBF requests/requesters that are excluded or presumptively excluded (e.g., alleged defamation, public figures) and how those categories are defined and assessed.
2. Categories of RTBF requests/requesters that are accepted or presumptively accepted (e.g., health information, address or telephone number, intimate information, information older than a certain time) and how those categories are defined and assessed.
3. Proportion of requests and successful delistings (in each case by % of requests and URLs) that concern categories including (taken from Google anecdotes): (a) victims of crime or tragedy; (b) health information; (c) address or telephone number; (d) intimate information or photos; (e) people incidentally mentioned in a news story; (f) information about subjects who are minors; (g) accusations for which the claimant was subsequently exonerated, acquitted, or not charged; and (h) political opinions no longer held.
4. Breakdown of overall requests (by % of requests and URLs, each according to nation of origin) according to the WP29 Guidelines categories. To the extent that Google uses different categories, such as past crimes or sex life, a breakdown by those categories. Where requests fall into multiple categories, that complexity too can be reflected in the data.
5. Reasons for denial of delisting (by % of requests and URLs, each according to nation of origin). Where a decision rests on multiple grounds, that complexity too can be reflected in the data.
6. Reasons for grant of delisting (by % of requests and URLs, each according to nation of origin). As above, multi-factored decisions can be reflected in the data.
7. Categories of public figures denied delisting (e.g., public official, entertainer), including whether a Wikipedia presence is being used as a general proxy for status as a public figure.
8. Source (e.g., professional media, social media, official public records) of material for delisted URLs by % and nation of origin (with top 5-10 sources of URLs in each category).
9. Proportion of overall requests and successful delistings (each by % of requests and URLs, and with respect to both, according to nation of origin) concerning information first made available by the requestor (and, if so, (a) whether the information was posted directly by the requestor or by a third party, and (b) whether it is still within the requestor’s control, such as on his/her own Facebook page).
10. Proportion of requests (by % of requests and URLs) where the information is targeted to the requester’s own geographic location (e.g., a Spanish newspaper reporting on a Spanish person about a Spanish auction).
11. Proportion of searches for delisted pages that actually involve the requester’s name (perhaps in the form of % of delisted URLs that garnered certain threshold percentages of traffic from name searches).
12. Proportion of delistings (by % of requests and URLs, each according to nation of origin) for which the original publisher or the relevant data protection authority participated in the decision.
13. Specification of (a) types of webmasters that are not notified by default (e.g., malicious porn sites); (b) proportion of delistings (by % of requests and URLs) where the webmaster additionally removes information or applies robots.txt at source; and (c) proportion of delistings (by % of requests and URLs) where the webmaster lodges an objection.

As of now, only about 1% of requesters denied delisting are appealing those decisions to national Data Protection Authorities. Webmasters are notified in more than a quarter of delisting cases (Bloomberg, May 6). They can appeal the decision to Google, and there is evidence that Google may revise its decision. In the remainder of cases, the entire process is silent and opaque, with very little public process or understanding of delisting.

The ruling effectively enlisted Google into partnership with European states in striking a balance between individual privacy and public discourse interests. The public deserves to know how the governing jurisprudence is developing. We hope that Google, and all search engines subject to the ruling, will open up.

Sincerely yours,

Ellen P. Goodman
Professor
Rutgers University School of Law
Co-Director
Rutgers Institute for Information Policy & Law
@ellgood

Julia Powles
Researcher
University of Cambridge, Faculty of Law
@juliapowles
Database of Academic Commentary

Jef Ausloos
Researcher
KU Leuven, ICRI/CIR – iMinds

Paul Bernal
Lecturer in Information Technology, Intellectual Property and Media Law
UEA School of Law

Eduardo Bertoni
Global Clinical Professor, New York University School of Law
Director of the Center for Studies on Freedom of Expression and Access to Information –CELE-
Palermo University School of Law

Reuben Binns
Researcher
University of Southampton

Michael D. Birnhack
Professor of Law
Tel-Aviv University, Faculty of Law

Eerke Boiten
Director of Cyber Security Centre
University of Kent

Oren Bracha
Howrey LLP and Arnold, White & Durkee Centennial Professor
University of Texas School of Law

George Brock
Professor of Journalism
City University London

Sally Broughton Micova
LSE Fellow & Acting Director, LSE Media Policy Project
London School of Economics and Political Science

Ian Brown
Professor of Information Security and Privacy
University of Oxford, Oxford Internet Institute

Robin Callender Smith
Professorial Fellow in Media Law, Centre for Commercial Law Studies
Queen Mary University of London

Caroline Calomme
MJur candidate
University of Oxford

Ignacio Cofone
Researcher
Erasmus University Rotterdam

Julie E. Cohen
Mark Claster Mamolen Professor of Law & Technology
Georgetown Law

Ray Corrigan
Senior Lecturer in Maths, Computing and Technology
Open University

Jon Crowcroft
Marconi Professor of Communications Systems
University of Cambridge, Computer Laboratory

Angela Daly
Postdoctoral Research Fellow, Swinburne University of Technology
Research Associate, Tilburg University - TILT

Richard Danbury
Postdoctoral Research Fellow
University of Cambridge, Faculty of Law

Leonhard Dobusch
Assistant Professor on Organization Theory
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David Erdos
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University of Cambridge, Faculty of Law

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Benjamin N. Cardozo School of Law

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Director, UWA Centre for Software Practice
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University of Sussex

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Affiliate Scholar, Stanford Law School, Center for Internet & Society

Andrew Hoskins
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Affiliate Scholar, Stanford Law School, Center for Internet & Society

Agnieszka Janczuk-Gorywoda
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Bert-Jaap Koops
Professor of Regulation and Technology
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Paulan Korenhof
Researcher
Tilburg University - TILT

Aleksandra Kuczerawy
Researcher
KU Leuven, ICRI/CIR – iMinds

Stefan Kulk
Researcher
Utrecht University

Rebekah Larsen
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University of Cambridge, Judge Business School

David S. Levine
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Visiting Research Collaborator, Princeton Center for Information Technology Policy
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Michael P. Lynch
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Orla Lynskey
Assistant Professor of Law and Warden, Sidney Webb House
London School of Economics and Political Science

Daniel Lyons
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Ian MacInnes
Associate Professor, School of Information Studies
Syracuse University

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London School of Economics and Political Science

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Asma Vranaki
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Queen Mary University of London

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Abby Whitmarsh
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Lorna Woods
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Nicolo Zingales
Assistant Professor
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