Blogg e-BERTONI

18/4/14

Un nuevo retroceso a la libertad de expresión: reflexiones sobre un proyecto de ley de "convivencia en las manifestaciones públicas".

En el año 2005, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, incluyó en el informe anual de la oficina -que fue aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- el capítulo LAS MANIFESTACIONES PÚBLICAS COMO EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA LIBERTAD DE REUNIÓN. Dada la discusión en estos días sobre un proyecto presentado en la Cámara de Diputados del Congreso Argentino, reseño aquí algunos aspectos de ese informe del que participé siendo Relator y que me parecen un aporte para esa discusión intercalando mi opinión actual sobre el proyecto argentino ahora en debate.

El informe de la Relatoría explica que las regulaciones de las manifestaciones públicas pueden ser de distintos tipos: legislativas, administrativas, de los agentes públicos al momento del acto, o judiciales.

Respecto de las regulaciones legislativas, ellas consisten en los actos legislativos que restringen ya sea la hora, el lugar o la manera en la que se puede llevar a cabo una manifestación, sobre la base de que el derecho a usar las calles, los parques o las plazas no es completamente ilimitado. En el informe aprobado por la CIDH la Relatoría consideró que para que dichas limitaciones respeten los estándares de protección de la libertad de expresión y de la libertad de reunión, ellas no deben depender del contenido de lo que se vaya a expresar a través de la manifestación y deben servir a un interés público.

Es preocupante que en el proyecto en debate, por ejemplo, se exija una notificación previa a la autoridad policial que indique el "objeto de la manifestación" (art. 7 del proyecto) con una explicación clara del reclamo (art.8). Si el contenido es irrelevante, esta solicitud es a todas luces improcedente, aún cuando se la pida a los fines de una "mediación", que es obligatoria, y que si se extiende en el tiempo transforma a la manifestación en ilegítima!

En ese sentido, es muy preocupante que se haga una clasificación entre manifestaciones "legítimas" e "ilegítimas" sin hacer referencia al interés público. Muchas de las manifestaciones que podrían clasificarse como ilegítimas, de acuerdo al proyecto presentado, podrían servir a un interés público. Por ejemplo, podemos fácilmente imaginar ejemplos de manifestaciones que tienen un interés público aún cuando no se hubiera hecho la notificación previa -por la razón que fuera sobre todo teniendo en cuenta el plazo para pedirla de 48hs- o cuando de manera excepcional se impida el normal funionamiento de un servicio público. Si hay un interés público de por medio, de ninguna manera en estos casos la manifestación es ilegítima, a contrario de lo que surge del proyecto de ley presentado.

El proyecto argentino exige una notificación previa (art.5.e). El informe de la Relatoría explicó, con citas a la Corte Constitucional de Colombia y al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que la exigencia de una notificación previa a la manifestación no vulnera per se  ni el derecho a la libertad de expresión ni el derecho a la libertad de reunión. Sin embargo, la exigencia de una notificación previa no debe transformarse en una suerte de exigencia de un permiso previo. En el proyecto, ello ocurre porque la falta de notificación transforma la manifestación en ilegítima. En otras palabras: una manifestación es legítima si recibe tal calificación, y esa calificación la recibe si hubo una notificación previa. Por ello la notificación tiene el efecto de un permiso.

Por estas razones, este proyecto, de sancionarse como ha sido presentado, significa un nuevo retroceso a la libertad de expresión. Digo nuevo porque ya consideré un retroceso el -muy discutido recientemente- anteproyecto de reforma al código penal en lo que se refiere a los delitos contra el honor -al cuál hice referencia en otra nota publicada en mi blog-. Esperemos que el gobierno del la Presidenta Fernandez de Kirchner, en el tiempo de mandato que le queda, detenga la trayectoria que demuestran este tipo de iniciativas, y que, además, contradicen claramente las políticas positivas que sobre esta materia se habían dado. 

23/3/14

Reforma al Código Penal: un retroceso para la libertad de prensa

Durante las últimas semanas se ha instalado un gran debate sobre la reforma al Código Penal en la Argentina. Como aclaración previa, y como mucho de mis alumnos han escuchado decir en mis clases sobre la parte especial del derecho penal argentino, la reforma es necesaria. Y cómo también ellos son testigos que he criticado la orientación del actual código penal. Por estas razones considero importante el debate, y me sumo a aquéllos que se han pronunciado en contra de una politización de una discusión que es demasiado importante como para ser usada con fines electorales. Hecha esta aclaración, ella no me inhibe para destacar que, si bien es cierto que hasta ahora el Poder Ejecutivo Nacional no ha remitido el Anteproyecto de Código Penal al Congreso, no es menos cierto que el documento que se ha dado a conocer por distintos medios, reforma el capítulo de los delitos contra el honor de manera que representa un retroceso a lo que fue la última reforma. Por un lado, sólo concentra su atención punitiva en los medios de comunicación para el caso de las injurias, y por el otro aumenta las sanciones penales, tanto de las calumnias como de las injurias.

En el estudio CALUMNIAS E INJURIAS: A DOS AÑOS DE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL ARGENTINO, un trabajo que publicamos desde el Centro de Estudios Para la Libertad de Expresión -CELE-, reseñamos no sólo la historia de la última reforma sino que además recordamos que, antes que ella ocurriese, muchos habíamos propuesto directamente la derogación del Código Penal de estos delitos. Así lo reiteré cuando se discutía el anteproyecto hoy en debate.

En el trabajo del CELE mencionado destacamos que, si bien la reforma al código introducida por la ley 26.551 podía ser vista como un avance al determinar que no serían delito las  expresiones vinculadas con el interés público, concluimos que dada la sola posibilidad de discutir ante los jueces penales esta circunstancia (qué es y qué no es interés público), la reforma no había logrado que se deje de perseguir penalmente por determinadas expresiones, algunas claramente de interés público tal como el estudio lo demostró.

El anteproyecto que se disute en estos días, no sólo mantiene esa lógica (una suerte de "despenalización" que no es tal si los jueces siguen admitiendo querellas para determinar el contenido de la expresión para saber si es o no de interés público), sino que además sube las penas y sólo concentra como posible medio de comisión del delito aquélla expresión que " mediante la prensa o cualquier otro medio de comunicación o difusión masiva, deshonrare o desacreditare a una persona física determinada."

Como dije antes, al momento de la reforma anterior (que se produjo para cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Kimel c. Argentina- que había condenado al país por violación a la libertad de expresión de un periodista) varios criticamos que la despenalización "estuviera calificada y acotada a las expresiones de interés público. Ello así debido a que desde el punto de vista del principio de mínima intervención del derecho penal y de la mayor protección posible a la libertad de expresión, la mejor opción de reforma normativa sería la que pretendiese la despenalización completa de las calumnias e injurias. En efecto, no es el sistema penal el medio adecuado para restringir la divulgación de ciertas expresiones.”

Como decía al comienzo, el anteproyecto aún no ha sido remitido al Congreso. Sería deseable que la preocupación aquí planteada, y que no es nueva, sea atendida ya sea en el texto que se envíe al Congreso o en el que allí discutirán los legisladores y legisladoras si lo que reciben es el anteproyecto que hasta ahora ha circulado.



8/3/14

Without participation or information: Freedom of speech from a women’s rights perspective

In the International Women´s Day, I would like to share with you the introduction of an article written long time ago with my Peruvian colleague, Prof. Carlos J. Zelada. The complete article, published in 2009 by the Inter-American Human Rights Institute, is available here.

If the right to freedom of speech is applied equally to all the individuals with no regard to their sex; to talk about this from a women’s rights perspective is an unproductive exercise. Nothing could be more wrong.

The essay poses that the absence of free and informed consent in the sexual and reproductive health context violates Article 13 of the American Convention on Human Rights (hereinafter, “American Convention”). According to our scope, at the sexuality and reproduction levels, freedom of speech and access to information imposes particularly important obligations to the State on the protection of women’s human rights.

Our work, divided into four sections, has as a premise that in the Americas, due to discrimination, the issues on sexual and reproductive health affect women differently. We believe that the inclusion of the women’s human rights perspective in the study of the thematic and jurisprudential instruments and precedents of the Inter-American system for the protection of human rights (hereinafter, “Inter-American system”), facilitates the understanding of the critical impact of certain practices, such as forced sterilization, in the exercise of their civil, political, economic, social and cultural rights in our countries.