4/9/19

Avances y Logros Pendientes

Avances y logros pendientes

Eduardo Bertoni
Eduardo BertoniPARA LA NACION
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2 de septiembre de 2019  
El acceso a la información pública y la protección de los datos personales son derechos fundamentales, porque así lo define la Constitución y por su estrecha relación con el sistema democrático. Pero los resultados de un estudio reciente que solicitamos desde la Agencia de Acceso a la Información Pública llaman la atención: existe una escasa difusión y un bajo ejercicio por parte de la ciudadanía de esos derechos. A pesar de los indudables avances, todavía queda mucho por hacer.
El estudio hecho en abril y junio arrojó que solo el 39% de la ciudadanía conoce el derecho de acceso a la información pública, y de ellos solo 2 de cada 3 lo han usado alguna vez. En protección de datos personales, solo el 34% conoce este derecho y un 22% sabe cómo hacer denuncias ante su vulneración. Lo positivo es que ambos derechos son considerados importantes por la amplia mayoría: casi el 90% en el caso de la protección de los datos personales y más del 83% en el acceso a la información pública.
La Agencia de Acceso a la Información Pública es una autoridad independiente que vela por el respeto de ambos derechos, creada en 2017. Es hoy una voz escuchada en el ámbito global, siendo parte de distintos foros regionales e internacionales. Trabajó para que nuestro país se convierta en Estado parte del Convenio 108 para la protección de las personas, único tratado internacional en materia de protección de datos personales. Como Estado parte se facilita la cooperación para investigar en casos de empresas que no se encuentran en la Argentina. Además, la Agencia impulsa un proyecto para actualizar la ley de protección de datos personales, que se encuentra en trámite en el Senado.
En sus pocos años en funciones, la Agencia hizo procesos de investigación en materia de posibles vulneraciones de los datos personales y ha intimado al Gobierno a proveer información pública. Hasta hace pocos años hubiese resultado insólito pensar que la Agencia sancionara a un importante proveedor de servicios de internet a nivel global, investigara e hiciera recomendaciones a organismos públicos en lo concerniente al tratamiento de datos personales o intimara a proveer información pública sin distinción de la jerarquía de los funcionarios.
No se puede ejercer plenamente un derecho que no se conoce. Por ello, la Agencia debe redoblar los esfuerzos para que eso suceda. Generar guías en formatos claros y accesibles, producir cartelería y folletería destinada a las mesas de entradas de los organismos públicos para que se difundan los derechos, diseñar campañas en redes sociales y una lista aún más larga son tareas iniciadas.
Todo este trabajo a nivel internacional y local tuvo y tiene en mira fortalecer el ejercicio de ambos derechos. Pero es claro que todo lo hecho todavía no alcanza. La Agencia de Acceso a la Información Pública próximamente cumplirá solo dos años desde su instalación. Mucho se ha hecho y mucho se está haciendo. Pero garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho de acceso a la información tanto como llave para ejercer otros derechos como la salud o la educación; o perseguir los estándares más altos en materia de protección de datos para prevenir y reducir vulneraciones a la intimidad de las personas no se hace de la noche a la mañana. El trabajo diario, pero también las encuestas, dicen que hay mucho todavía por hacer para consolidar lo hecho y para seguir avanzando.

3/6/19

Proteger los Datos Personales

Proteger los datos personales

Eduardo Bertoni
Eduardo BertoniPARA LA NACION
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3 de junio de 2019  
Los debates sobre los beneficios, desafíos y peligros de la  inteligencia artificial han llegado a los medios de difusión masiva. Ya no es un tema que se discute solo en ámbitos especializados. Cualquier lector medianamente atento lo habrá notado. Y también habrá notado que la información generalmente está muy relacionada con cuestiones tales como si es positivo o no que las máquinas "piensen" y tomen decisiones sobre nuestra vida, sobre las ventajas y desventajas de dejar a un robot actuar por nosotros, sobre el impacto en el mercado del trabajo, y un largo etcétera. Pero hay un tema que aparece, al menos por ahora, poco resaltado: la relación entre la utilización de nuestros datos personales y la inteligencia artificial. Poner sobre la mesa esta relación es clave y, además, necesaria.
Podría empezar tratando de dar una definición clara sobre la o las tecnologías que encierran lo que comúnmente llamamos inteligencia artificial. De acuerdo a mi propia experiencia, hay bastante confusión al respecto: unas veces se llama inteligencia artificial a la recolección masiva de datos; otras se entiende que inteligencia artificial son los algoritmos que utilizan los programas de computación para que gracias a ciertos datos de entrada produzcan datos de salida, y también, otras veces se interpreta que la inteligencia artificial tiene que ver con el mecanismo que, programas de computación mediante, utilizan las máquinas para "aprender" frente a ciertas eventualidades cotidianas y, a partir de ese aprendizaje, tomar decisiones. No quiero profundizar en el concepto, todo lo antes dicho sin duda está vinculado con algo de lo que llamamos inteligencia artificial. Pero se distingue que, sea cual sea la aproximación, hay un denominador común: inteligencia artificial y datos personales van de la mano.
Es por esa razón que las autoridades de protección de datos personales a nivel global nos venimos ocupando de este tema. En octubre del año pasado, por ejemplo, al final de la 40» Conferencia Internacional de Protección de Datos y Comisionados de Privacidad se aprobó la Declaración sobre Ética y Protección de Datos en Inteligencia Artificial. La Agencia de Acceso a la Información Pública de nuestro país, como autoridad nacional de protección de datos personales, además de haber participado en el grupo de trabajo que redactó la declaración, fue cosponsor de ella. En este documento, por ejemplo, se destaca que la ética debe estar presente desde el primer momento del desarrollo de un sistema de inteligencia artificial, aplicando los principios de "privacidad por defecto" y "privacidad en el diseño". O sea, teniendo siempre presente el resguardo de los datos personales.
Otro ejemplo: la República Argentina recientemente se ha incorporado como Estado parte del Convenio 108 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y su Protocolo Adicional, único tratado a nivel global que se ocupa de la protección de datos personales. Ello es beneficioso para nuestro país no solo por el aumento de cooperación internacional para investigar eventuales violaciones a los datos personales de quienes residen en la Argentina, sino también porque nos habilita a tener voz en las discusiones que a nivel global están sucediendo. En el tema que nos ocupa, a principios de este año el comité consultivo del Convenio 108 aprobó las Directrices de Inteligencia Artificial y Protección de Datos, en las cuales se explica que los desarrolladores de servicios de inteligencia artificial deben rendir cuentas sobre los algoritmos que utilizan con el fin de garantizar el cumplimiento de la protección de los datos personales, brindando los recursos suficientes que permitan su monitoreo a las autoridades de control.
Regresando a nuestro país, se ha anunciado la elaboración de un "plan nacional sobre inteligencia artificial", en el marco del cual se vienen realizando reuniones multisectoriales bajo la coordinación de la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Es auspicioso que la agencia, como autoridad de protección de datos, haya sido invitada a participar de esos debates para que, en el desarrollo y diseño de ese plan, quede claro un tema clave: el tratamiento de los datos personales debe realizarse con pautas éticas y de conformidad con las leyes vigentes, aun cuando ello se vincule con cualquier tecnología relacionada a la inteligencia artificial. Así se está sosteniendo a nivel global y así debemos encarar cualquier discusión en la Argentina.

4/10/18

El irrenunciable derecho a saber*

* Publicado originalmente en"https://www.lanacion.com.ar/2176359-el-irrenunciable-derecho-saber - 

Esta semana se celebra internacionalmente el día del derecho a saber y en la Argentina la Ley de Acceso a la Información Pública cumple su primer año de vigencia.

El acceso a la información pública es indispensable para generar confianza en el Estado, evitar asimetrías en la información, aumentar la racionalidad en la toma de decisiones y contribuir a la prevención de la corrupción. Conscientes de ello, un grupo de organizaciones de la sociedad civil reunidos en Sofía, Bulgaria, impulsaron en 2002 que el 28 de septiembre de cada año se celebre el día internacional del derecho a saber como modo de impulsar el efectivo ejercicio de este derecho. En 2015 UNESCO se sumó oficialmente a esta celebración. 

Pero además esta semana se cumple un año de la vigencia de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, coincidente con la puesta en funcionamiento de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). La ley aprobada en 2016 saldó una deuda pendiente en materia de transparencia en nuestro país: antes el acceso a la información pública estaba regido por un decreto que sólo permitía solicitudes al PEN. Hoy muchos más están obligados a dar información pública, como las empresas y sociedades del Estado; concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos; sindicatos, universidades y partidos políticos, entre otros. 

La AAIP -sin perjuicio que también es la autoridad nacional de protección de datos personales- es la encargada de resolver los reclamos que se presenten ante el incumplimiento de la entrega de información por parte de algún organismo del PEN. Sus resoluciones son de carácter vinculante y se informa quienes no cumplen con aquellas a partir del registro de incumplidores, que se actualiza periódicamente y que puede ser consultado en nuestro sitio en Internet. 

Realizar una solicitud es muy sencillo: no hace falta indicar el motivo, citar la ley ni pagar. Incluso se puede solicitar información pública a través de Internet, lo cual facilita el trámite en un país con la extensión territorial como el nuestro. Durante los primeros 10 meses de vigencia de la ley se realizaron 2.417 solicitudes de acceso a la información pública, duplicando la cantidad de solicitudes mensuales recibidas en los 10 meses anteriores. Durante este año tramitaron ante la AAIP más de 150 reclamos iniciados por solicitantes de información que no obtuvieron respuesta o la consideraron insuficiente. Gracias a la intervención de la Agencia, los organismos entregaron en buena medida la información pedida.

Además, la ley incluye dos novedades: la primera es que instaura el concepto de la “transparencia activa”, que es la publicación en los sitios web por parte de los sujetos obligados de información de manera clara, estructurada y accesible, que permita la reutilización por parte de terceros. Desde el 1 de junio todos los ministerios cuentan con esta solapa en sus páginas y estamos avanzando con el resto de los organismos para que la incorporen en los próximos meses. Los resultados nos permiten ser optimistas, a pesar que no todos tengan completa en un 100% la información que obligatoriamente deben brindar sin que nadie lo pida.

La segunda novedad es la creación del Consejo Federal para la Transparencia, compuesto por un representante de cada provincia y que tiene por objeto la concertación de políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública. El Consejo, del cual la AAIP ejerce la presidencia, ya celebró su primera reunión y hubo acuerdo en impulsar principios básicos de transparencia en todo el territorio de nuestro país, independientemente de la jurisdicción que corresponda. 

Celebrando esta semana el día internacional del derecho a saber y el primer año de la puesta en marcha de la AAIP, el desafío por delante será profundizar la implementación de la ley, trabajando en pos de un cambio cultural al interior de las organizaciones para que sus integrantes siempre actúen bajo los principios de transparencia y acceso a la información pública. Pero ello es un trabajo en conjunto, y su éxito traerá una ciudadanía empoderada que demande información pública y un Estado que responda adecuadamente.