24/4/15

Jurisdiction and choice of law when online content could damage privacy or honor

Michael Chertoff and Paul Rosenzweig are the authors of the recently published document A PRIMER ON GLOBALLY HARMONIZING INTERNET JURISDICTION AND REGULATIONS. In the document, they address a problem that has not yet been resolved and that the cited title sufficiently describes. As a consequence of reading this work, I am interested in highlighting the coincidences with a few of the considerations outlined in my book, “Defamation on the Internet, problems of jurisdiction and applicable law,” which was just published in Argentina by the editor Ad-Hoc.

Thanks to the Internet, the possibility of content distribution has a never-before-seen reach. In addition, the places this content ends up are increasingly unknown by the author. All of this has an enormous impact in the legal world. The general problem that I address in my book is related to the problem of determining jurisdiction and the applicable law in cases of possible damages to honor – and to privacy – through content produced and received by subjects located in different countries.

To respond to this problem, as I demonstrate in my book, distinct solutions may be adopted, which I refer to as models: the model that follows the server – the applicable law on jurisdiction follows the place where the data is hosted -, that which follows the author – it follows the place where the author is or his/her citizenship-, and that which follows the victim – the same as the last model, except now with regard to the victim. These are models that I construct from judicial decisions from the United States, the United Kingdom, Australia, and various countries in Latin America.


Chertoff and Rosenzweig offer similar alternatives: "We propose a choice-of-law rule based on either: the citizenship of the data creator; the citizenship of the data subject; one based on the location where the harm being investigated has taken place; or one based on the citizenship of the data holder or custodian."

The coincidences we have are evident. But perhaps the most significant is that it will be difficult to resolve this problem without an agreement between the States that choose one of the proposed models. The coming years will tell us if this agreement is possible.


Jurisdicción y ley aplicable cuando los contenidos online pueden lesionar el honor y la privacidad.

 Michael Chertoff y Paul Rosenzweig son los autores del documento UNA INTRODUCCION SOBRE LA ARMONIZACIÓN GLOBAL DE LAS REGULACIONES Y LA JURISDICCIÓN DE INTERNET publicado recientemente. En él se aborda un problema que hasta ahora no parece resuelto y que el título citado lo describe suficientemente. Como consecuencia de la lectura de ese trabajo, me interesa señalar las coincidencias con algunas consideraciones expuestas en mi libro "Difamación en Internet, problemas de jurisdicción y ley aplicable", que acaba de ser publicado por la editorial Ad-Hoc en Argentina.

La posibilidad de distribución de contenidos gracias a Internet tiene un alcance antes nunca visto. Además, los lugares donde esos contenidos llegan son muchas veces desconocidos para el autor. Todo ello tiene un enorme impacto en el mundo jurídico. El problema general que abordo en mi libro se relaciona con el problema de la determinación de la jurisdicción y la ley aplicable en casos de posibles lesiones al honor -y por que no a la privacidad- a través de contenidos producidos y recibidos por sujetos que se encuentran en distintos países.


Para dar respuesta a este problema, tal como demuestro en mi libro, pueden adoptarse distintas soluciones que las denomino modelos: el modelo que sigue al servidor -jurisdicción  ley aplicable sigue el lugar donde están alojados los datos-, el que sigue al autor -se sigue al lugar donde está el autor o su ciudadanía- y el que sigue a la víctima -igual que el anterior pero ahora respecto de la víctima. Estos son modelos los construyo a partir de decisiones judiciales de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y varios países de América Latina.

Chertoff y Rosenzweig dan alternativas similares: “Proponemos una regla de opción de ley basada en una de las siguientes: la ciudadanía del creador de los datos; la ciudadanía del sujeto objeto de los datos; una basada en el lugar dónde ocurrió el daño que se está investigando; o una basada en la ciudadanía del propietario de los datos o su custodio”.

Las coincidencias que tenemos son evidentes. Pero tal vez la mayor es que el problema difícilmente pueda ser solucionado sin un acuerdo entre los Estados que elija alguno de los modelos que se proponen. Los años que vienen dirán si este acuerdo es posible.


21/3/15

Protección al derecho de autor y su impacto en los derechos humanos.

La Relatora Especial sobre los derechos culturales de las Naciones Unidas, Farida Shaheed, presentó en Ginebra la semana pasada un informe fechado a fines de 2014 que tuvo gran repercusión en redes sociales y círculos especializados estos primeros meses del año.  El documento se refiere a las políticas sobre los derechos de autor y el derecho a la ciencia y la cultura. Una de las recomendaciones del informe resalta la necesidad de que los Estados evalúen las repercusiones en el ejercicio de los derechos humanos que tienen la legislación y las políticas sobre los derechos de autor. Esta recomendación es más que bienvenida aunque podríamos ampliarla: como lo dijimos en una nota publicada en 2012, este tipo de evaluaciones debería realizarse en toda política que no sólo se refiera a derechos de autor, sino también a las que regulen Internet.

El informe de la Relatora me animo a calificarlo como histórico dado que su análisis de las leyes de derecho de autor lo hace desde la perspectiva de los derechos humanos, la cual "[...]exige el reconocimiento de los valores sociales y humanos inherentes a los derechos de autor y un mayor respeto de los derechos fundamentales y las necesidades de los grupos marginados. El hincapié en la participación activa en la vida cultural y científica, y no en la simple posibilidad de acceder a las obras culturales y científicas, reconoce la doble importancia de acceder a los conocimientos y creaciones expresivas de otros y de la autoexpresión en un contexto cultural general."

En este sentido, preocupan a la Relatora las propuestas que le hicieron llegar para hacer frente a la "piratería" en relación con Internet. Entre esas medidas se detallan el bloqueo de sitios web, el filtrado de contenidos, la denegación de acceso a Internet, la imposición por ley de altas indemnizaciones por daños y perjuicios o las consecuencias penales, y la imposición de otros límites de acceso a contenidos sujetos a los derechos de autor. También preocupa cuando se proponen medidas para responsabilizar a los intermediarios (motores de búsqueda, por ejemplo) por contenidos difundidos por los usuarios que pudieran estar en infracción con las leyes de derechos de autor. La preocupación de la Relatora, que comparto plenamente, se explica porque "[...] esas medidas podrían dar lugar a restricciones incompatibles con el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la ciencia y la cultura."

En consecuencia, la necesidad de evaluar las regulaciones sobre derechos de autor y su impacto en derechos humanos deviene fundamental.

Por razones similares (impacto negativo en el ejercicio de los derechos fundamentales) sugerimos hace tiempo que los proyectos de ley que buscan establecer, por ejemplo, mecanismos de monitoreo de contenidos en Internet -por ejemplo para detectar contenidos presuntamente prohibidos, como pornografía infantil, discursos de odio, o incluso infracciones a las leyes de derechos de autor-deberían contar con lo que llamamos ETIDH -Estudios Técnicos de Impacto en Derechos Humanos-. Incluso sugerimos que los resultados de éstos estudios de impacto debería explicitarse en la exposición de motivos de cualquier propuesta de ley. De esta manera, operaría una suerte de “autocontrol” de legisladores y organismos regulatorios quienes, antes de realizar cualquier iniciativa se obliguen a contar con estudios de expertos o de organismos especializados.

Como lo adelantamos oportunamente, la idea de contar con este tipo de estudios de impacto no es novedosa, sobre todo cuando se tratan cuestiones de complejidad técnica. En el ámbito de las políticas públicas que pueden involucrar un impacto negativo al medio ambiente, desde finales de los 70’ se incluyó en la legislación de los Estados Unidos normativa que pedía al gobierno y a sus contratistas que evaluara el impacto ambiental de sus decisiones. La Unión Europea regula la obligatoriedad de estos estudios desde los 80’.

En conclusión: la Relatora de Naciones Unidas ha puesto sobre la mesa la importancia de contar con estudios de impacto antes de ejecutar políticas públicas que pretenden proteger derechos de autor. Me alegra que hoy tenga un renovado interés la propuesta que hicimos desde un documento de la Iniciativa por la Libertad de Expresión en Internet –iLEI- del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información –CELE- hace unos años.