30/9/12

Efecto para la libertad de expresión de la reforma al Código Penal Argentino en delitos contra el honor


La Sra. Presidenta de Argentina se refirió esta semana en las Universidades de Georgetown y Harvard a los delitos contra el honor (calumnias e injurias) que fueron objeto de reforma en 2009 a través de la Ley 26.551. La reforma fue efectiva para reducir la criminalización de la expresión en Argentina.  Sin embargo, a pesar de ese cambio normativo, persiste la utilización del derecho penal para perseguir expresiones de interés público. Los datos de los juzgados ordinarios y federales relevados por el CELE en la investigación “Calumnias e Injurias: a dos años de la Reforma del Código Penal” demuestran que funcionarios públicos siguen utilizando el código penal para defender supuestos ataques al honor a pesar de la ley mencionada.

A partir del análisis realizado en el estudio del CELE pueden generarse algunas hipótesis de por qué la reforma no logró erradicar las querellas vinculadas con expresiones de interés público a dos años de su implementación. Un motivo, vinculado con la propia redacción de la reforma, puede ser la falta de definición del término “interés público”, que otorga a los jueces cierta discreción respecto de qué expresión constituiría delito y cual no. Otro motivo, vinculado a la propia estructura de la reforma, puede vincularse con la necesidad subsistente de abrir el caso a prueba para determinar la existencia o inexistencia del interés público en la expresión. Si lo que se pretendía era que ciertas querellas fueran rechazadas in-limine por considerarse a la conducta excluida del tipo penal, la necesidad de analizar la expresión en busca del interés público sería en principio incompatible con el objetivo perseguido.

La nueva legislación en Argentina, si bien es un avance, por su redacción puede seguir invitando al abuso tal como demuestra el estudio del CELE que se presentó ayer en la Universidad de Palermo y que fue objeto de una extensa nota periodística en el diario La Nación. La necesidad de entrar judicialmente en una discusión respecto del interés público de la expresión es, en sí misma,  contradictoria con los fines propios de la reforma, entre los cuales figura la eliminación del efecto amedrentador no sólo de las condenas sino de los propios procesos penales. Los resultados de la investigación del CELE permiten concluir que la despenalización de la expresión de interés público sirvió de incentivo para la reducción en el número de causas presentadas pero no logró, como se pretendía y al menos hasta ahora, la eliminación total de la persecución penal de expresiones de interés público.

17/9/12

Sarmiento, la prensa y la sorpresa en cadena


La semana que pasó, la Sra. Presidenta de Argentina, hablando por cadena nacional, contó su sorpresa al enterarse que Domingo Faustino Sarmiento, durante su presidencia en el siglo 19, había clausurado dos diarios. Estas palabras proponen revisar un viejo debate vinculado con la prensa, la crítica política, y la intolerancia de los gobernantes a esa crítica.

En primer lugar, la historia universal muestra casos en los que la crítica política efectuada por la prensa ha contribuido al desarrollo de la democracia. Y de allí su importancia. A Thomas Jefferson se le atribuye la siguiente frase, pronunciada en 1787, años antes de que asumiera el cargo como presidente de los Estados Unidos: “Puesto que la base de nuestro gobierno es la opinión del pueblo, el primer objetivo debería ser conservar ese derecho; y si a mí me correspondiese decidir entre un gobierno sin periódicos, o periódicos sin un gobierno, no titubearía ni un sólo momento en preferir esto último”.

Sin embargo, y a pesar de lo seductor de estas palabras para cualquier periodista, en honor a la verdad, hay que decir que Jefferson, años después y al verse acosado por la prensa federalista cuando ya era presidente, escribió: “Tan abandonadas se encuentran las imprentas conservadoras que… incluso las personas menos informadas han aprendido que no deben creer nada de lo que publica un periódico. Es una situación peligrosa y, de ser posible, debería devolverse su credibilidad a la prensa. Las restricciones proporcionadas por las leyes de los estados son suficientes para hacerlo, si se aplican. Y por consiguiente he meditado largamente en que unos cuantos procesos a los ofensores más prominentes, tendrían efecto saludable para restaurar la integridad de la prensa”.

El cambio de discurso entre antes y después de asumir la presidencia, podría también haber causado la misma sorpresa en la Sra. Presidenta.

Volvamos a Sarmiento. En nuestro país, el 6 de febrero de 1860, la Convención de la provincia de Buenos Aires designó a Vélez Sarsfield, Barros, Pazos, Mitre, Sarmiento, Marmol, Dominguez y Obligado, como integrantes de una Comisión Examinadora del texto constitucional de 1853. Dalmacio Vélez Sarsfield, como miembro de la Comisión expuso en la sesión del 1º de mayo de 1860, ante la Convención las razones para incorporar a la Constitución Nacional el actual art. 32. Entre otras cosas, dijo: “Cuando un pueblo elige sus representantes no se esclaviza a ellos, no pierde el derecho de pensar o de hablar sobre sus actos; esto sería hacerlos irresponsables. Él puede conservar y conviene que conserve el derecho de examen y de crítica, para hacer efectivas esas medidas respecto de sus representantes y de todos los que administran sus intereses. Dejemos pues, pensar y hablar al pueblo y no se le esclavice en sus medios de hacerlo. El pueblo necesita conocer toda la administración, observarla y aun diré, dirigirla en el momento que se separe de sus deberes, o para indicarle las reformas o los medios de adelanto, como sucede todos los días. Hoy es sabido en el mundo, que los mayores adelantamientos materiales y morales de los pueblos, son debidos a la prensa, al pensamiento de los hombres que no están empleados en la administración. Nosotros mismos somos testigos de esto. La prensa ha indicado mil veces y aun ha exigido las mayores reformas en la administración y ha propuesto y ha disentido las leyes más importantes. Sobre todo sin la absoluta libertad de imprenta, no se puede crear hoy el gran poder que gobierna a los pueblos y dirige a los gobernantes: la opinión pública. Sólo la libre discusión por la prensa puede hacer formar el juicio sobre la administración o sobre los hechos políticos que deban influir en la suerte de un país. Sólo también por medio de la libertad de imprenta, puede el pueblo comprender la marcha de la administración. No basta que un gobierno dé cuenta al pueblo de sus actos; sólo por medio de la más absoluta libertad de imprenta, puede conocerse la verdad e importancia de ellos y determinarse el mérito o la responsabilidad de los poderes públicos. El pueblo entonces, con pleno conocimiento de la administración crea, como siempre sucede, un medio de adelantamiento o el medio de evitarse un mal.”

Si bien quien habló fue Velez Sarsfield, Sarmiento integraba la misma comisión a la que Velez representaba. Sin embargo, la idea de una absoluta libertad de imprenta parece haber desaparecido en Sarmiento cuando fue presidente. Tal vez este cambio, al igual que el que había experimentado Jefferson, es el que causó la sorpresa explicada en cadena.

La historia nos muestra que no debemos sorprendernos sino estar alertas y abogar para que este tipo de actitudes intolerantes no ocurra. En un estado democrático resulta clave la tolerancia a la crítica por medio de la prensa. Por otro lado, es frecuente que los gobernantes perciban esas críticas como una amenaza. Este conflicto provoca una de las tensiones más comunes de la vida política, y, dependiendo de cómo se resuelva, se traza el límite detrás del cual comienza el autoritarismo. Sin duda, al cerrar diarios, Sarmiento cruzó esos límites.

Para concluir, vamos ahora a nuestros días y a nuestro país. Al enviar al Congreso la reforma despenalizando delitos de calumnias e injurias, la Sra. Presidenta explicó que “aún a costa muchas veces de soportar cuestiones que tienen que ver con mentiras o que no son ciertas, yo prefiero mil millones de mentiras antes que cerrar la boca o ser la responsable de haber cerrado la boca de alguien. Esta es la verdadera forma en que entiendo la libertad, los derechos humanos y la participación democrática.” Ante semejante manifestación prefiero ser optimista y creer que no habrá motivos para que nadie se sorprenda en el futuro.