El viernes 17
de enero, el Presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, pronunció un
esperado discurso donde anunció reformas a las regulaciones y prácticas sobre
vigilancia y espionaje por parte de los servicios de inteligencia de su país.
El anuncio era esperado fundamentalmente por el escándalo que se generó a
partir de las revelaciones de Edward Snowden que expusieron abusos por parte de
la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés). Las reformas
que propuso Obama, si bien son bienvenidas, resultan insuficientes para
asegurar que abusos y violaciones de derechos fundamentales no ocurran
nuevamente.
Las reformas
propuestas - que no desarrollo en detalle en esta nota - son insuficientes para
resolver dos de las preocupaciones más importantes vinculadas con la defensa de
derechos humanos. Por un lado, el problema de la recolección masiva de
información de personas dentro y fuera de los Estados Unidos; y por el otro, no
se han dado señales que quienes no son ciudadanos de ese país tengan garantías
de que no serán vigilados sin órdenes judiciales.
Es cierto que
las reformas propuestas son un avance por cuanto resuelven incrementar la transparencia y el
control de las acciones vinculadas con la vigilancia. Sin embargo, los cambios
no parecen haber sido diseñados teniendo en cuenta los derechos humanos como centro
del debate. Por el contrario, parecería que la "seguridad nacional" sigue
siendo la luz que ilumina las reformas y de allí se explica que no se resuelva
un problema que a esta altura es conceptual: la recolección masiva de datos de
las personas viola el derecho a la privacidad. Es bienvenido que el Presidente
Obama haya sostenido su compromiso por la defensa de este derecho de manera
global. Pero la reforma que propuso no está en línea con esa afirmación.
El escándalo de
las actividades de la NSA provocó la continuación de la caída de la autoridad
moral de los Estados Unidos como defensor de derechos fundamentales. La creación
de una comisión especial para analizar lo ocurrido con la NSA y proponer
reformas, conformada por personas de alto prestigio -los constitucionalistas Cass
Sunstein y Geoffrey Stone, entre otros- fue una reacción adecuada ante lo sucedido. Tiene razón
el Presidente Obama cuando expresamente en su discurso dijo que debates de este
tipo serían impensables en países como Rusia o China, donde el espionaje y la
censura en Internet son constantes. En verdad, si hubiera mirado un poquito al
sur y a su continente, podría haber agregado en esa lista por ejemplo a
Venezuela, donde los intentos de controlar el flujo de información en la red y
de instalar tecnología para la vigilancia se han incrementado en los últimos
tiempos.
Como decía al
comienzo, lamentablemente los cambios que propuso el Presidente norteamericano
son, aunque bienvenidos, insuficientes. Si los Estados Unidos quiere nuevamente
ponerse al frente de los países que defienden la libertad y el respeto de los
derechos fundamentales en Internet, debería demostrarlo no sólo con una reforma
más profunda sino también en la práctica. Veremos si ello sucede.
