El Derecho al Olvido: un insulto a la historia latinoamericana

(este artículo fue originalmente publicado en Inglés* en The Huffington Post. Ver original en http://www.huffingtonpost.com/eduardo-bertoni/the-right-to-be-forgotten_b_5870664.html )

Recientemente discutíamos con colegas de América Latina las implicancias de una decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que, tal como ha sido ampliamente difundido, conlleva la implementación de lo que se ha dado en llamar "el derecho al olvido". Alguien que participaba en la discusión resaltó que, sin perjuicio del contenido de este "derecho", el nombre ya era un agravio para América Latina donde, en lugar de imponer el olvido se ha estado peleando en las últimas décadas por la verdad  de lo ocurrido durante los oscuros años de dictaduras militares. Búsqueda de la verdad y olvido son contradictorios y por sólo  ello ya debería llamarnos la atención.

Sin duda mi colega tuvo un argumento válido. Si quienes estuvieron involucrados en violaciones masivas de derechos humanos pudieran solicitar, sin perjuicio del resultado de la solicitud, a un buscador de información en Internet (Google, Yahoo, o el que se nos ocurra) que esa información no sea posible de encontrar bajo argumentos, por ejemplo, que es información  extemporánea, resulta, por decirlo suavemente, un insulto a nuestra historia. Sin embargo, me parece oportuno hacer algunas otras reflexiones que me conducen a afirmar que la discusión disparada por la sentencia en Europa tiene consecuencias mucho más negativas. Dado que la instalación de este "derecho" empieza a permear en algunos países de nuestra región con el modo de reformas legislativas o pedidos judiciales para implementarlo, creo que estas reflexiones pueden contribuir a esta discusión global.

Empecemos por el principio: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó este año una sentencia donde declaró que "[...] el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona". De esta manera el Tribunal convalidó lo que muchos llaman "derecho al olvido". En verdad, es muy importante entender que lo único que establece es una suerte de "derecho a no ser indexado por el buscador".  En otras palabras, la información que se pretende olvidar no se borra, queda en el sitio donde está, porque el buscador no puede borrarla. En su lugar, se lo obliga a que simplemente no nos dirija a ese sitio.

Aquí radica el primer problema entre quienes impulsan un "derecho al olvido" que, en realidad, no olvida nada. Sólo profundiza las diferencias entre quienes saben dónde está la información y la buscan directamente y quienes, dado que no lo saben, necesitan la ayuda de un motor de búsqueda. No hay información para algunos, pero sí hay información para muchos otros.

El segundo problema es igualmente grave: el Tribunal de Justicia deja que la decisión sobre qué podemos conocer en el mundo digital y gracias a Internet, quede en manos de los privados que gestionan los motores de búsqueda. Lamentablemente, Google, a quien está dirigida principalmente la sentencia, ha decidido aceptar esa enorme responsabilidad. Es posible que no sean de buena gana los esfuerzos que está haciendo esta empresa para analizar en qué casos no indexará sitios disponibles en Internet cuando sea requerido en países de la Unión Europea. Pero, al final del día, lo cierto es que Google ha aceptado ser un tribunal de censura para cumplir con la sentencia.

Tercer problema: hay una idea "mágica" del derecho al olvido en el mundo digital que algunos creen que, una vez instalado, hace desaparecer información de Internet. Malas noticias para ellos: en la era digital, nada —o casi nada— desaparece. En realidad, si un sitio no está indexado para una búsqueda que se haga desde una computadora conectada a la Internet en países de la UE, que es lo que ordena la sentencia del Tribunal, se genera una asimetría de la información entre quien está sentado, digamos en Madrid y busca datos y quien hace exactamente lo mismo, pero sentado en Bogotá. Esta asimetría en la información genera una desigualdad intolerable entre los habitantes de este planeta.

Asimetría en la información, desigualdad y censura privada son los denominadores comunes de las consecuencias de la sentencia europea y de algunas propuestas fuera de ese continente. Pero si estos problemas son sencillos de detectar,¿por qué estamos discutiendo el "derecho al olvido"?

Tal vez la respuesta la encontremos en lo que Peter Fleischer, abogado experto en privacidad y asesor de Google, dijo recientemente en su blog: “El 'derecho al olvido' es un eslogan político muy exitoso. Y como todos los eslóganes políticos exitosos, es como un Test de Rorschach. La gente puede ver en él lo que quiera”. Por un lado, jueces y legisladores, posiblemente sin estudiar acabadamente las consecuencias, "ven" en este derecho una necesidad para la protección de la privacidad; por el otro, los defensores del derecho a la libertad de expresión, a la información y a la búsqueda de la verdad "ven" sus desventajas. Tal vez, la respuesta sea la que propone Jonathan Zittrain, autor del libro The Future of Internet and How to Stop It: “El camino hacia adelante probablemente no es un derecho legal sino una estructura que permita a quienes difunden información construir conexiones con los sujetos de sus discusiones”. En términos prácticos, ello significaría generar mecanismos de diálogo entre las personas involucradas en el manejo de la información. Quien se siente agraviado por una información accesible en linea, debería poder replicarla y el propio buscador podría tener una herramienta que lo habilitara. Más información, no menos. Y así, dejar de hablar de un derecho al "olvido" que en América Latina resulta, incluso por su nombre, ofensivo.

*Sophia Sadinsky, pas ante en el CELE, contribuyó con la versión en Inglés de este artículo. 

The Right to Be Forgotten: An Insult to Latin American History

(originally published by The Huffington Post at http://www.huffingtonpost.com/eduardo-bertoni/the-right-to-be-forgotten_b_5870664.html )

Recently, I was discussing with fellow colleagues from Latin America the implications of the decision of the European Union's Court of Justice that establishes the "right to be forgotten." One of them pointed out that the content of this "right" notwithstanding, the name itself was an affront to Latin America; rather than promoting this type of erasure, we have spent the past few decades in search of the truth regarding what occurred during the dark years of the military dictatorships.

My colleague certainly had a valid argument. If those who were involved in massive human rights violations could solicit a search engine (Google, Yahoo, or any other) to make that information inaccessible, claiming, for example, that the information is extemporaneous, it would be an enormous insult to our history (to put it lightly). However, this seems like an opportune moment to offer a few additional reflections that demonstrate that the hasty discussion being had in the wake of this ruling has much more harmful implications. Given that this "right" has begun to permeate countries of our region in the form of legislative reforms and judicial requests to implement it, I think these reflections could contribute to the global debate.

Let's begin with the ruling itself: the Court of Justice of the European Union passed a sentence this year in which it declared that "[...] the operator of a search engine is obliged to remove from the list of results displayed following a search made on the basis of a person's name links to web pages, published by third parties and containing information relating to that person." The Court thereby affirmed what many are referring to as the "right to be forgotten." In reality, it's very important to understand that all the ruling establishes is "the right to not be indexed by a search engine." In other words, the information intended to be forgotten is not erased, but rather remains on the site where it is. The only obligation search engines have is that we not be directed to that site.

Therein lies the first problem for those supporting a "right to be forgotten," which, in reality, does not forget anything. It only exacerbates the existing differences between those who know where to find the information and look for it directly, and those who do not, and therefore need a search engine. Some cannot access information, while many others can.

The second problem is equally grave: the Court of Justice leaves it to private companies that manage the search engines to decide what we are able to encounter in the digital world. Unfortunately, Google -- the primary target of the ruling -- has decided to accept the enormous responsibility of serving as a mechanism for censorship. In fact, news media outlets, including the BBC and the Guardian, have already begun to protest Google's removal of several of their stories in compliance with the "right to be forgotten" laws.

Third problem: there persists the somewhat magical notion that once "right to be forgotten" laws are on the books, information will disappear from the Internet. Bad news: in the digital age, nothing -- or nearly nothing -- disappears. In reality, if a site is not indexed for a search conducted from a computer in the EU, which is what the ruling orders, there is a fundamental asymmetry in information between someone sitting in Madrid searching for a certain piece of information and, say, someone in Bogota administering the same search. This asymmetry generates an unacceptable disparity between this planet's inhabitants.

Information asymmetries, inequality and private censorship are the common denominators of Europe's ruling and of the proposals cropping up from other continents. But if these problems are so easy to detect, why are we even discussing the "right to be forgotten"?

Perhaps we find the answer in what Peter Fleishcher, a lawyer specializing in privacy and advisor to Google, recently posted in his blog: "The 'Right to be Forgotten' is a very successful political slogan. Like all successful political slogans, it is like a Rorschach test. People can see in it what they want."

On the one hand, judges and legislators, perhaps without exhaustively considering the consequences, "see" in this right the need to protect privacy; on the other hand, defenders of freedom of expression, access to information and the search for the truth "see" its disadvantages. Perhaps, the answer is that of Jonathan Zittrain, author of The Future of Internet and How to Stop It. Zittrain suggested that the path forward is probably not a legal right, but rather a structure that permits those who disseminate information to build connections with the subjects of their discussions. In practical terms, that would imply constructing mechanisms for facilitating dialogue between people involved in information management. When people feel wronged by information available about them online, they should be able to contest this information directly, and the search engine itself should have an instrument to enable this process. More information, not less. That way, we can stop discussing the right to be "forgotten," which is misguided in many regards, including for its offensive name.

El lustrabotas de Estambul y los cambios a Internet

Casi me atrapa. Suerte que me lo habían advertido. El lustrabotas (o limpiabotas, bolero o shoeshine men, depende donde uno se encuentre) de Estambul tiene una "tecnología" que nunca vi. Está diseñada y aplicada al típico cajón donde contiene los cepillos y las tinturas y cremas para zapatos. Conozco algo de esos cajoncitos ya que de niño jugaba con uno que había sido de mi padre quien, por diversión o necesidad -nunca lo supe o nunca lo quise saber-, lustró algún zapato en la estación de trenes de su pueblo, Zárate, en la provincia de Buenos Aires. A diferencia de mi cajoncito y de los que he visto en Buenos Aires, el cajón del lustra-bota de Estambul permite que, mientras quien lo lleva en la mano camina, una cuerda permite soltar uno de sus cepillos cuando lo desea.

El truco para conseguir clientes es fácil: primero, elige el potencial cliente. Una vez que lo avizora a unos pocos metros, va hacia él en dirección contraria. Justo antes del encuentro, el cepillo cae, pero el lustra-botas simula no advertir la pérdida y continúa su camino. El cliente elegido, educadamente se detiene, levanta el cepillo, da la vuelta y lo llama. El lustrabotas, simula ahora sorpresa y gratitud, se acerca y en un movimiento toma el cepillo, se sienta y comienza a lustrar un zapato. El cliente es ahora el sorprendido, primero piensa que es sólo gratitud, pero al rato advertirá que pagará por el servicio.

Buena idea la del lustrabotas de Estambul. Para lustrar un zapato, lo primordial es que la persona esté detenida. Si estuviera caminando es imposible empezar la operación. Y una vez comenzada, es difícil decir que no o no pagar por ella sin ser demasiado maleducado -sobre todo porque el cliente no sabe del truco, del que se enterará posiblemente si sigue caminando y se da cuenta que a todos los lustra botas se le caen los cepillos!.

Esta semana mi actividad académica es la que me trajo a Estambul, para participar del Internet Governance Forum (IGF) donde se discuten muchas cuestiones vinculadas a regulaciones de Internet. Aquí están presentes personas de sectores de la sociedad civil, de las empresas, de los gobiernos. En las reuniones que asisto, veo demasiados zapatos bien lustrados. Evidentemente, la tecnología funciona bien, por lo que nada le indica al lustra-bota que debe cambiarla. Y mientras aquí se debaten cambios en distintos aspectos que tienen que ver con Internet tal como la conocemos, me pregunto sobre la necesidad de esos cambios. Será que funciona tan mal que los cambios que se proponen hacen falta? O deberíamos hacer como el lustrabotas: si funciona, la "tecnología" que permite ese funcionamiento no conviene cambiarla. Sólo una reflexión para seguir pensando sobre cómo funciona y cómo está gobernado Internet.