Para ser claro:
modernizar la ley de telecomunicaciones en Argentina es necesario. Son legítimos
los objetivos de cualquier iniciativa para garantizar, por ejemplo la
neutralidad de la red o el acceso a Internet de la población. Pero cuando esta
ley se hace a las apuradas, los resultados pueden traer consecuencias ridículas.
La definición de TICs que agregó una Comisión en el Senado es copiada de la ley
Colombiana. Pero en Colombia no se exige licencia para los casos de las TICs.
"Cortar y Pegar", si no se hace con cuidado y conocimiento es
peligroso. Pero es lógico que ello haya ocurrido, porque para revisar un mal
proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo la Comisión tomó tan sólo dos semanas.
Sobre las razones del apuro, sólo pueden conjeturarse razones políticas para
complacer a la Presidenta en su propio apuro en tener esta ley.
No es mi deseo
aburrir citando más deficiencias técnicas del proyecto "Argentina
Digital", que, a decir verdad, ha recibido una enorme oposición de
sectores académicos, de la sociedad civil y del sector privado. Una crítica
recurrente han sido los enormes poderes que se le da a una Autoridad de
Aplicación que será designada después de sancionada la ley y su creador será el
Poder Ejecutivo. Y, para volver al principio, esa será la Autoridad que podrá o
no conceder las licencias a las aplicaciones en Internet, para citar sólo un
ejemplo de todo lo que podrá hacer con nuestra vida cotidiana.
Pero el
proyecto "Argentina Digital" es uno más de un conjunto de iniciativas
vinculadas con la regulación de Internet que empezaron a florecer en nuestra
primavera.
Por ejemplo, la
Cámara de Diputados aprobó con poco debate a la medianoche de una maratónica
sesión donde se discutieron una veintena de proyectos el 12 de noviembre, un proyecto impulsado por un Diputado del oficialismo que
prohíbe avisos o publicaciones que hagan referencia “explícita o implícita” a
la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio de
comunicación. El objetivo puede aparecer a primera vista legítimo. Pero cuando
advertimos que una Autoridad de Aplicación -sí, de nuevo una Autoridad de
Aplicación que se designa después de sancionada la ley- podrá monitorear todos
los medios de comunicación para detectar estos mensajes de oferta sexual
podremos anticipar lo peligroso que puede tornarse dar por ley la posibilidad
de monitoreo de la red.
Hay más proyectos
de ley de este tipo, por ejemplo, sobre el "derecho al olvido" o sobre
la lucha contra actos discriminatorios en línea, entre otros.
Una buena
pregunta para hacerse es cómo llegamos a esta situación. Una mejor respuesta puede
encontrarse en la combinación, por un lado, del desconocimiento de cuestiones técnicas
por parte de quienes impulsan proyectos de ley como el mencionado antes; y, por
el otro, del interés de subirse a la ola mundial que debate temas sobre regulación
de Internet. Por supuesto que este último interés es legítimo. Más obvio
resulta afirmar que los objetivos anunciados de estas leyes son también legítimos.
Pero la regulación de derechos en la era digital requiere de la prudencia y la
experticia necesaria para prevenir resultados no deseados, o aún peor,
violaciones de derechos fundamentales, como las que podrían ocurrir de
aprobarse proyectos de ley como los aquí mencionados.
* Esta nota fue originalmente publicada en inglés en The Huffington Post. Agradezco la colaboración de Sophia Sadinsky que la hizo posible.
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