Los Estados de las Américas se reúnen bajo el marco de la Asamblea General (AG) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Posiblemente sean pocos o ningún Jefe de Estado quienes asistan y los cancilleres estarán, en su mayoría, unas horas en Cochabamba donde se celebra el encuentro previsto para un par de días, sin contar las recepciones y cenas —previas y posteriores— que suelen organizarse. Como en el pasado, la AG aprobará decenas de resoluciones, que incluyen mandatos a las oficinas de la OEA y recomendaciones a los Estados, resoluciones que muchas veces se repiten durante años y que pocas veces tienen seguimiento para saber qué se cumple y qué no.
En otras palabras, otra AG que sería como las habituales, si no fuera por un hecho muy peligroso: el intento de debilitar de manera grave la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), cuyo mandato es la promoción, protección y defensa de un derecho consustancial con la democracia.
Todo comenzó el año pasado. Un grupo de funcionarios estatales elaboró un documento para “fortalecer” el sistema interamericano de derechos humanos. Su redacción, impulsada por Ecuador, prendió una luz de alerta porque transformaría a la RELE en una oficina burocrática sin las luces y los brillos de los últimos años. Cuando, a comienzos de este año, ese documento se discutió en el Consejo Permanente de la OEA, hubo países como Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Panamá, Uruguay y los Estados Unidos que decididamente expresaron la importancia de respetar la independencia y autonomía de la CIDH y la RELE. Pero la historia siguió, y ahora estamos frente a una posibilidad de que se adopte una resolución en la AG que puede significar un grave debilitamiento de la RELE.
Las propuestas de quienes siguen a Ecuador para “fortalecer” el sistema interamericano de protección de derechos humanos apuntan a lo contrario. Por ejemplo, la RELE ya no podría publicar un informe anual propio donde se denuncian violaciones a la libertad de expresión y separado del informe de la CIDH. Es decir, se pretende “fortalecer” impidiendo que se publique un informe que lleva una práctica de más de una década. En lugar de pedir más informes especiales, se pide que uno desaparezca.
Asimismo, se argumentó que se “fortalecería” el sistema interamericano si la RELE no tuviera los recursos financieros que hoy tiene para dar paso a una distribución balanceada entre las otras relatorías de la CIDH. En lugar de más relatorías bien financiadas, se propone que la RELE, cuya eficacia ha sido demostrada, no tenga los recursos que necesita. La RELE opera exclusivamente gracias a contribuciones de estados europeos y de nuestro continente, que, es de desatacar, nunca suspendieron su apoyo por estar en desacuerdo con el trabajo de la RELE. Y finalmente, el presupuesto operativo de la RELE, en términos comparativos y teniendo en consideración que es una oficina que debe atender las necesidades de todo el continente, es llamativamente bajo. Las recepciones y cenas que se organizan durante la celebración de la AG posiblemente se acerquen a cubrir parte de los gastos de la RELE.
Debemos estar atentos al rol que en Cochabamba jugarán países como Brasil, Colombia y México. El primero, porque dada su relevancia global y su pasado de violaciones a derechos humanos daría un pésimo mensaje al mundo si en la AG se suma a los que prefieren que el sistema interamericano de derechos humanos en la práctica desaparezca. Los dos últimos, porque la situación que viven los periodistas allí es alarmante y justamente esos países deberían contribuir a un genuino fortalecimiento de la RELE, alejándose de los argumentos de un falso fortalecimiento como el que propone Ecuador. Afortunadamente, a otros países del hemisferio, estos intentos de grave debilitamiento (y no de “fortalecimiento”) no los ha tomado distraídos y han demostrado estar dispuestos a detenerlo justamente en la AG. Ojalá que así sea.
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